El proceso electoral 2026-2027 inicia en medio de un entorno políticamente enrarecido: con un INE en crisis y dividido; una oposición desdibujada y —todo parece indicar— un oficialismo que llega a la contienda en “caballo de hacienda”.
Pero no todo es política.
Sobre el proceso electoral pesa también la sombra del crimen organizado, señalado una y otra vez por su pretensión de controlar territorios, gobiernos municipales y hasta de influir, a base de plomo y sangre, en la designación de candidaturas.
La violencia electoral se perfila, así, como uno de los mayores riesgos de la elección.
En el proceso electoral de 2023-2024, organizaciones civiles como Data Cívica, Causa en Común e Integralia Consultores, estimaron un rango de 34 a 37 candidatos o aspirantes asesinados.
Más allá de las cifras, el crimen organizado encontró en la violencia política una vía para intervenir en la disputa por el poder.
Hoy, la violencia ya está dentro del proceso electoral. Incluso antes de que éste inicie.
Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena, apareció muerto con un disparo el pasado viernes 4 de septiembre, a menos de un año de las elecciones. Las circunstancias de su muerte están bajo investigación.
Y hay un jugador más en la cancha.
Donald Trump ha colocado a los cárteles mexicanos en el centro de la agenda de seguridad de Estados Unidos. Washington —en voz de figuras de alta relevancia, como el secretario de Estado, Marco Rubio— habla de territorios bajo control criminal, de los cárteles como “la cabeza de la serpiente” y advierte que podría actuar si considera insuficiente la respuesta mexicana.
Y desde Palacio Nacional, en tanto, se acusa a agencias estadounidenses de pretender influir en la política y hasta en las elecciones mexicanas.
De modo que la pregunta no es solamente quién ganará las elecciones de 2027.
La pregunta es: ¿en qué condiciones se competirá por el poder, quién podrá competir y cuánto margen tendrán el Estado, los partidos y los electores frente al poder del crimen organizado y a la presión de Estados Unidos…en pleno proceso electoral?
¿Y el árbitro electoral está fortalecido para enfrentar los retos de esta contienda?
La respuesta es no.
Está dividido y en focos rojos.
La segunda de a bordo del INE, Claudia Arlett Espino, renunció a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral un día antes del inicio formal del proceso electoral.
Espino era la responsable de la estructura electoral nacional. Deja vacante una posición clave. Su salida, atribuida a “motivos de salud”, ocurre en un INE visiblemente fracturado, que arrastra profundas diferencias internas y exhibe las dificultades para mantener cohesionada a la institución responsable de las elecciones.
A la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se le ubica como cabeza de un grupo mayoritario con abierta afinidad a planteamientos del oficialismo.
En ese grupo, además de Taddei, estarían los consejeros Uuc-Kib Espadas, Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y los recién nombrados consejeros –por mayoría morenista en el Congreso de la Unión- Blanca Yassahara Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez.
En un bloque minoritario se ubica a Arturo Castillo, Martín Faz y a Carla Humphrey, quien ha lanzado duras críticas por decisiones de la mayoría del Consejo General, particularmente en tres puntos: las llamadas “boletas planchadas”, observadores y tiempos de capacitación y presupuesto.
Sostiene que las decisiones que se han tomado sobre esos temas ponen en riesgo la certeza y el control electoral.
En ese contexto arranca la elección de 2027: con un oficialismo fortalecido pero señalado de vínculos con el narcotráfico, una oposición debilitada, un crimen organizado que ya ha demostrado su capacidad para contaminar la disputa por el poder, la presión de Estados Unidos y un árbitro electoral dividido.
En esta contienda electoral el juego de los trompos y las pirinolas apenas comienza.
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