En la primer entrega de informes de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se detectaron montos por aclarar superiores a los 660 millones de pesos, de los cuales más de 413 millones corresponden al gasto federalizado ejercido por gobiernos estatales y municipales y 248 millones a entidades del orden federal, informó David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.
Dijo que 60 por ciento del total observado se concentra en los estados, aunque destacó que entidades como Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo no presentaron monto alguno por aclarar.
Colmenares Páramo, señaló que en esta primera de las tres entregas que se harán sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASF presentó los resultados de 152 auditorías, que representan el 7 por ciento del total de las 2 mil 199 auditorías que se realizan para fiscalizar ese ejercicio. Puntualizó que del total entregado, 99 al gasto federalizado, 19 de desempeño y 34 de cumplimiento financiero. Indicó que si las observaciones no se solventan durante el seguimiento, se emprenderán investigaciones, denuncias penales y sanciones. También reportó la recuperación de más de 107 millones de pesos para la Federación, en su mayoría provenientes de entidades estatales.
Agregó que actualmente la ASF realiza 2 mil 199 auditorías y destacó el nuevo modelo de auditoría integral, que permite revisar todos los recursos federales ejercidos por una entidad en un solo procedimiento. Bajo este esquema se fiscalizará al cien por ciento de los municipios y alcaldías de 19 estados y a los 32 gobiernos estatales en materia de salud.
Al respecto el legislador federal, Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia, consideró preocupante que las auditorías de desempeño representen solo el 13 por ciento del total presentado, pues dijo la ciudadanía demanda conocer no solo el uso de los recursos, sino sus resultados.
Mientras que el priista Emilio Suárez Licona exigió consecuencias ante las irregularidades detectadas, mientras que el panista Miguel Ángel Guevara Rodríguez criticó la reducción del enfoque de la revisión sobre el gobierno federal, que en 2018 concentraba el 51 por ciento de las auditorías y ahora solo el 34 por ciento. La morenista Giselle Sander Soto respaldó el modelo preventivo y la modernización técnica de la ASF.