Número cero/ EXCELSIOR
Dejar de estar en la narrativa presidencial no hace que dejen de existir las desapariciones forzadas y las matanzas en México, como intentó operar el Presidente en su II Informe de Gobierno. En el mundo de la política, las palabras y los silencios son acciones con consecuencias, aunque lo que se pretenda sea usarlas para alejar la realidad. Porque el lenguaje público no alcanza para conjurar el peligro de que lleguen pronto las desgracias que, en asuntos como la seguridad y violaciones a derechos humanos, no se logran frenar ni con la retórica ni con suprimir dar cuenta de ellas.
Un lenguaje público sano puede admitir discursos optimistas, como el II Informe sobre la crisis económica o sanitaria, pero si pierde su capacidad para explicar e implicar matanzas humanas o crímenes colectivos se corre el riesgo de deshacer el vínculo de las víctimas y el gobierno, las instituciones y la democracia. Ése es el gran riesgo de eliminar del discurso el problema de las desapariciones o de las masacres que persisten en el sexenio de López Obrador, a pesar del reconocimiento y asomo de autocrítica sobre los pendientes en la estrategia de seguridad para contener la violencia en delitos que no ceden, como el homicidio y la extorsión. Incluso puede caber hasta tratar de presumir una disminución de algunos delitos, pero nunca reducir los datos de crímenes a una cuestión de mera opinión, como hoy muchos gobiernos hacen con la ciencia en el discurso político. Pero el Presidente invisibiliza a los desaparecidos, mientras el Senado abre la puerta a la ONU para que intervenga en su búsqueda. ¿Cómo hacer valer mecanismos internacionales como éste si más de 60,000 personas desaparecidas salen hasta de la narrativa oficial?
La crisis de Ayotzinapa o las matanzas de San Fernando o Tlatlaya no son causadas sólo por la falta de comprensión, corrupción, abuso de poder o decisiones judiciales incorrectas, también las fomenta la tentativa deliberada de obviarlas en la retórica para conjugar la desconfianza en los políticos y sus costos en las encuestas. Aunque en muchos casos les funciona, las víctimas lo saben. De ahí su permanente demanda de contar con carriles de acceso para romper el silencio como principal mecanismo de la impunidad. Pero en este punto también el Presidente, con su omisión, abre un debate insalubre y que choca con el aval unánime del Senado para que la ONU investigue desapariciones en México o de la realidad de las familias de los muertos en matanzas recientes en Caborca, Huetamo, Zacatecas y Guerrero. “Es un país diferente, ya no hay masacres”, espetó en su discurso sobre familiares de las víctimas que los últimos meses han mantenido un plantón en el Zócalo o que lo persiguen a cada estado al que va para recordarle que ellos ven otro país.
El primer paso para combatir las violaciones a derechos humanos, como refutó Amnistía Internacional, es reconocer su existencia y la obligación gubernamental de dar cuenta de ellas. En el gobierno de López Obrador se han registrado 11,653 personas desaparecidas, así como ejecuciones,como en Tamaulipas, que confirman la persistencia de la crisis de derechos humanos de administraciones anteriores. Pero, de forma intencionada, el poder explicativo se sacrifica por criterios políticos, como la huida de un espectáculo desagradable o se pretende soterrarlo en el impacto retórico, que, convertido en prioridad de gobierno, recomienda dejar sin nombre, identidad ni paradero localizado una crisis por crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas se resisten, sin embargo, a quedar sin habla. Han celebrado la anuencia legislativa para que la ONU revise casos de desaparición forzada en México y examine los informes sobre las medidas para cumplir con la Convención Internacional en la materia para formular recomendaciones. Es minimalista, defienden un mecanismo simbólico e insuficiente para mantener un conducto para la búsqueda, persecución y castigo por las desapariciones. Pero es una ayuda para fortalecer el reclamo frente al silencio del Presidente y la omisión o negligencia de ministerios públicos, fiscalías, peritos y forenses para investigar las denuncias sin condiciones mínimas presupuestales, infraestructura ni capacitación.
López Obrador se comprometió desde los primeros días de su gobierno a dar con el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa como símbolo de la lucha contra la desaparición forzada en el país, pero ahora no se localizan ni en el discurso oficial.