Estira y afloja
Ahí estuvieron 250 personas de 155 organismos empresariales en 123 filas, incluso de corporativos de capital extranjero, y dirigentes de las principales empresas de todo tipo. Acudieron al llamado de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para replantear “la dimensión social” de las empresas y contribuir a la “consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible”.
Públicamente esto no se había visto, aunque debe recordarse la labor sobre el tema de don Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo, a través de la Unión Social de Empresarios de México (Usem) y del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), donde se proclamaba que la empresa “no es para el enriquecimiento personal, y que en la determinación del salario debe intervenir la justicia social”. Y qué decir también de Alfredo Harp Helú, con todos los apoyos sociales para lograr que miles y miles de mexicanos en lugar de pedir limosna se atrevieran a ser microempresarios.
Todos los asistentes encontraron en su asiento una postal con los 10 principios sobre “Dimensión Social” que ayer se hicieron públicos. Entre otros estuvieron Carlos Slim Helú, Claudia Jañez, Daniel Servitje, Manuel Escobedo, Arturo Fernández, Fátima Álvarez, Javier Garcíadiego, Alberto Torrado, Anne Grillo (Francia), Blanca Treviño, Annika Thunborg (Suecia), Antonio del Valle, José Carral, Juan Pablo Castañón, Juan Ignacio Garza y otros. Algunos estarán hoy en la cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Salazar Lomelín destacó en su discurso que “aunque hay muchas empresas mexicanas que han construido historias de éxito en su relación con la sociedad, debemos ir todavía más lejos en nuestro compromiso de solidaridad social. La confianza se generará a partir de nuestro actuar íntegro y ético”. No será fácil, porque como lo reconoció, “en opinión de los mexicanos, ser empresario o político está calificado en lo más bajo”.
Los empresarios buscarán ahora una relación de “confianza y credibilidad” con la sociedad, garantizar mayores oportunidades de empleo formal, cumplir con todas las obligaciones fiscales, impulsar cadenas productivas con la Mipymes, participar en el desarrollo de las comunidades e impulsar una “relación responsable y propositiva con las autoridades exigiendo reglas claras y certidumbre jurídica y económica para las inversiones”.
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