La Coordinadora del GPPRD, Verónica Juárez Piña, demandó a la Secretaría de Economía (SE) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) detener los indebidos, ilegales y abusivos cobros por uso de sanitarios en centros comerciales, hospitales, centrales de autobuses, cines y otros establecimientos mercantiles.
Denunció que estos cobros se convirtieron en un negocio redituable, pero arbitrario, ya que existen normas que obligan a los dueños y encargados de este tipo de establecimientos a otorgar servicios sanitarios de uso libre para toda persona, sea o no cliente del lugar.
Precisó que “las grandes centrales de pasajeros han concesionado el servicio sanitario bajo el argumento de que los empresarios del transporte no están obligados a ofrecer el servicio […] y las tiendas de autoservicio están cobrando el uso de los servicios sanitarios sin justificación alguna”.
Dado la generalización de este problema en establecimientos comerciales y de servicios de todo tipo, propuso a la Cámara de Diputados intervenir, ya que el pago por uso de sanitarios constituye una severa afectación a la economía de la población de menores recursos.
El abuso es mayor en los establecimientos informales, pues al carecer de cualquier vigilancia, con mayor razón incumple la ley, niega el servicio o lo cobra.
Destacó que, de acuerdo con las normas vigentes, el usuario a quien se niegue el acceso al sanitario puede recurrir a las autoridades para denunciar la situación y estas deberán verificar los requisitos que debe cumplir el establecimiento mercantil para poder funcionar.
En el caso específico de transporte de pasajeros, las terminales camioneras, tanto de origen como destino, deben tener instalaciones adecuadas para el ascenso, espera y descenso, incluidos sanitarios públicos, limpios y de uso gratuito, de conformidad con los reglamentos respectivos.
Aunque hay opiniones divididas respecto al cobro o no de este servicio, el objetivo es satisfacer las necesidades elementales de la población.
“Hay que considerar que estamos haciendo uso de cualquier servicio al acudir a realizar compras o cualquier otra necesidad que nos lleva a un espacio específico, por lo que es un derecho que no debe ser violentado”, recalcó la parlamentaria.