Para inhibir el acoso callejero y el hostigamiento sexual en el país, se hace necesario que en Méxicodesde los primeros años de escuela, los pequeños reciban educación con perspectiva de género en un contexto de inclusión tanto para niñas como para niños, ese, dijo sería el antídoto para ese flagelo, consideró la vicecoordinadora de proceso legislativo en San Lázaro de Nueva Alianza, Eloísa Talavera Hernández.
La legisladora Bajacaliforniana refirió que a la par de generar leyes mucho más estrictas, que impliquen cárcel y multas económicas sustantivas para quienes ejerzan el acoso callejero y el hostigamiento sexual, debe de trabajarse en un programa integral desde la Secretaría de Educación Pública, bien definido y que esté diseñado para todas las regiones del país, de acuerdo a los usos y costumbres de los Estados que incida en niñez, apostándole a cambios generacionales.
“Estamos buscando ya una primera reunión con el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, para establecer una ruta que permita construir mesas técnicas con académicos especializados que den como resultado, un programa nacional integral que se lleve a las aulas en todo México para iniciar con la reconstrucción del tejido social desde la niñez” dijo.
Talavera Hernández subrayó que en este proyecto, se deberán de involucrar a padres de familia, las asociaciones de padres de familia y finalmente a la sociedad en su conjunto para generar una corriente nacional que permita establecer un camino que fortalezca el respeto, la equidad y la inclusión.
El desarrollo de este proyecto, admitió que se generará costos importantes para el erario público, sin embargo, ese gasto será incomparable en relación al altísimo costo que pagamos todos los mexicanos cada día al carecer de una cultura del respeto y la inclusión que deriva en familias desintegradas, violencia, inseguridad y un tejido social lastimado de raíz.
Refirió que el proyecto deberá de estar sustentado con información de programas internacionales que han funcionado, así como en la participación de un grupo multidisciplinario que involucrará maestros, sociólogos, psicólogos y otros especialistas que deberán de formular programas que serán llevados a la práctica en cada una de las entidades federativas del país.
“Debemos de entender que la forma de pensar de la sociedad en la frontera norte del país, es muy diferente a la del centro, la de occidente o la del sureste mexicano, es por ello que el proyecto está planteado para que se haga un estudio sustantivo y literalmente realizado de acuerdo a las características de cada región del país, si queremos tener un resultado contundente en el mediano y largo plazo” explicó.
Subrayó que este será uno de los proyectos sociales más ambiciosos de la presente administración, que derivará en un trabajo transexenal que le dará a México, herramientas para corregir y sobre todo generar mejor ciudadanía.
A su vez, su compañera Angélica Reyes Ávila, dijo que ante el repunte de denuncias sobre casos de abuso sexual infantil, es imperativo que los tres órdenes de gobierno construyan un marco jurídico que permita castigar con todo el peso de la ley a quienes cometan cualquier tipo de agresión sexual contra menores.
Abundo que durante los últimos meses, los casos de abuso sexual han crecido considerablemente, pues tan sólo en la Ciudad de México, la Procuraduría de Justicia registró un alza del 17% en las denuncias.
Refirió que mientras en el 2014 se registraron un total de 365 agresiones contra niñas, para el 2015, los casos llegaron a 427.
En este sentido, “es imperante robustecer la ley de manera uniforme en todo el país y tipificar la pederastia como delito grave en todas las entidades del país”.
Lo anterior, apuntó, “toda vez que en la mayoría de los estados, el abuso sexual infantil ni siquiera está calificado como un delito y sólo algunas entidades lo tipifican como grave, aunque las penas no son muy severas”, señaló.
La también secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez señaló la necesidad de impulsar políticas eficientes en materia de protección a niñas y niños, “porque el abuso sexual a este sector es un grave problema social que trae consigo consecuencias en la vida del menor y en el entorno donde se desarrolla”.
Asimismo, lamentó que niñas y niños mexicanos sean víctimas de abuso sexual gracias a que la ley es de alguna manera “permisiva” y no puede garantizar su protección con sanciones severas.
“No es posible que los agresores puedan salir bajo multa que van desde los tres días de salario mínimo a mil 200 días”, insistió.
Por ello, insistió, es necesario legislar y homogenizar las sanciones en toda la República Mexicana, porque abusar de un infante es un acto reprobable que se debe castigarse de forma severa.
“Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es urgente proteger a los menores y estamos comprometidos para trabajar en iniciativas que brinden protección y donde se vigile que sus derechos humanos se respeten”, concluyó.