• El gobierno mexicano ha mostrado una falta de visión a largo plazo para fortalecer la infraestructura agrícola y el desarrollo de tecnologías que permitan a los productores mejorar su competitividad: Dip. Héctor Saúl Téllez.
• “Sin incentivos fiscales para la producción local, los productores siguen enfrentando costos elevados de insumos y procesos de producción ineficientes”.
La firma del acuerdo del gobierno federal con las empresas harineras de maíz y diversas asociaciones, para reducir el intermediarismo en la cadena de producción y comercialización de la tortilla y evitar el aumento del precio; revela una estrategia superficial que, en realidad, refleja la incapacidad del Estado para generar políticas estructurales y efectivas para mejorar las condiciones económicas del país, afirmó el vicecoordinador económico del GPPAN, Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández.
“Según datos oficiales, en 2018 el precio promedio de la tortilla en México era de 13.44 pesos por kilo; Sin embargo, en 2025, el precio de la tortilla ha alcanzado los 31 pesos por kilo en varios estados del país, lo cual refleja una distorsión significativa en el mercado que ha afectado gravemente el poder adquisitivo de las familias, cuando es un alimento esencial en la alimentación de los mexicanos”, refirió.
Abundó que dicho incremento del precio durante los gobiernos de la 4T, supera el 100% desde 2018, lo que evidencia la incapacidad del Estado para controlar la inflación de productos básicos; además, el acuerdo no aborda los factores macroeconómicos que están detrás de esta alza de precios, como el aumento en los costos de producción, la inflación generalizada, la falta de incentivos fiscales, y la dependencia de México de importaciones de insumos agrícolas.
Téllez Hernández dijo que, hay que tomar en cuenta que de acuerdo al Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) existen 130 mil establecimientos que procesan tortillas en el país, éstos incluyen tanto molinos como tortillerías o ambos tipos y de ellos, aproximadamente el 94% de son pequeños negocios que emplean a entre una y cinco personas que viven de esta actividad.
“El gobierno mexicano ha mostrado una falta de visión a largo plazo para fortalecer la infraestructura agrícola y el desarrollo de tecnologías que permitan a los productores mejorar su competitividad. Sin incentivos fiscales para la producción local, los productores siguen enfrentando costos elevados de insumos y procesos de producción ineficientes. Esto lejos de beneficiarlos, los mantiene atrapados en un ciclo de dependencia y precariedad económica”, aseveró.
Tan solo en 2023, México alcanzó una producción de 27.5 millones de toneladas de maíz, en 2024 la producción fue de 23.3 toneladas, lo que implica una caída del 15.3%. Esta contracción se explica por la reducción del área sembrada; alta siniestralidad (7.3% de la superficie fue pérdida total) y por las sequías severas en regiones clave (Jalisco, Michoacán, Estado de México).
En contraparte, la demanda nacional asciende a más de 48.5 millones de toneladas, en el que México importó 23.6 toneladas, dependiendo del maíz amarillo proveniente del exterior.
“Estas cifras señalan la alta dependencia de las importaciones y marcan una dependencia estructural y refuerza la vulnerabilidad ante choques externos y pone en evidencia que el Estado no ha sido capaz de generar autosuficiencia ni seguridad alimentaria pese a los discursos políticos nacionalistas estériles que afirman tenemos seguridad alimentaria”, expuso.
Por otra parte, el diputado panista expreso el sector productivo alimentario, incluyendo el maíz, enfrentan extorsiones por parte del crimen organizado. El cobro de derecho de piso y control de rutas de transporte obligan a realizar pagos indebidos, lo cual se traslada al precio final del alimento. Según UNAM LACEN, esto puede aumentar la inflación de alimentos hasta 2 puntos porcentuales con solo agregar estas cuotas ilegales.
De acuerdo al Consejo Nacional de la Tortilla, cerca de 20 mil tortillerías del país tienen que pagar extorsiones, estos establecimientos pagan hasta tres mil 500 pesos a la semana para que los dejen operar, de las más de 130 mil tortillerías que hay en el país, entre 14 y 15 por ciento padecen de extorsiones.
“El precio de la tortilla seguirá al alza porque no hay un control real del mercado, ni una política pública que articule producción nacional, importaciones, precios al consumidor y condiciones laborales. Esto es grave en un país donde 7 de cada 10 personas consumen tortilla y el consumo per cápita es siete veces superior al promedio mundial. No es un mal menor, es un síntoma grave del abandono del campo y de la incapacidad del gobierno para planificar una economía popular que funcione”, concluyó.