NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La consulta sobre el juicio a expresidentes en 2021 pasó sin pena ni gloria. Pero un año después, el gobierno ha lanzado la primera acusación directa contra Peña Nieto por posibles actos delictivos, como si tratara de disipar el sabor de pacto de impunidad que dejó el fracaso de aquel ejercicio y disuadir a los priistas del antiguo círculo presidencial de sentirse protegidos bajo ese manto, mientras sostengan el bloque opositor en el terreno electoral y legislativo.
Los tiempos son atribulados para los priistas por escándalos de corrupción, persecución de sus liderazgos y el rejuego interno hacia la sucesión de 2024. La batería de acciones oficiales en su contra puede acelerar su colapso y abrir una remodelación de un sistema de partidos cada vez más polarizado en dos bloques. Esta semana, el titular de la UIF, Pablo Gómez, anunció desde la tribuna de la mañanera que, por primera vez, la FGR investiga a Peña Nieto por transferencias bancarias millonarias de origen desconocido y posible tráfico de influencias con dos empresas, en un mensaje a los priistas de que nadie escapa a la ley.
La acusación tiene a Peña Nieto y su grupo político en Edomex bajo el reflector político, pero ya estaba en la mira de la UIF desde los albores del sexenio. ¿Por qué la denuncia en este momento y cuáles son los motivos para relanzar la promesa de ir contra expresidentes como medida ejemplar contra la corrupción? No es la única denuncia, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, es investigado por varios presuntos delitos, lo que puede ser la puntilla para su caída y del respaldo priista al bloque opositor. También la Fiscalía ha desenterrado la investigación de uno de los momentos más oscuros del PRI con el magnicidio de Colosio, en una iniciativa que parece diseñada para contrarrestar la candidatura de su hijo Luis Donaldo desde la oposición.
La información de la UIF sobre Peña Nieto no es nueva, ya estaba en sus expedientes desde 2021, cuando Gómez llegó al cargo. Su trabajo ha sido actualizarla y presentarla a la FGR, pero quizá más que eso, aprovechar la coyuntura política para colocar la carga explosiva en las entrañas del PRI en un momento en que López Obrador parece decidido a propiciar un realineamiento en el sistema de partidos y del bloque opositor hacia 2024. El Presidente agradeció el anuncio de Gómez con
palmada en la espalda como muestra de aprobación, aunque fue muy cuidadoso de pronunciarse sobre las acusaciones y subrayó que no habrá juicios sumarios ni se fabricarán delitos.
López Obrador ha tenido una política de duplicidad hacia el PRI. De un lado, la persecución de delitos de funcionarios del círculo de Peña Nieto como Rosario Robles y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pero sin meterse con su antecesor.
Del otro, cercanía con sus legisladores y apoyo a sus gobernadores que, como Alejandro Murat, ahora aspiran a la candidatura presidencial. Pero esa ecuación, que se llegó a conocer como el Primor, cambió con el revés de la reforma eléctrica y el respaldo al bloque opositor, con el que el PRI mantiene alianza para retener uno de sus últimos bastiones, en el Edomex.
La jugada puede ser de varias bandas. Gómez llegó a la UIF con un diagnóstico demoledor sobre la corrupción en el país como “forma de gobierno” y quizá de ahí su “pro”-actividad para denunciar a Peña Nieto. La decisión sirve para reanimar a la alicaída lucha anticorrupción, afectada por escándalos que salpican al gobierno y los nubarrones económicos que se ciernen sobre el país y la violencia recrudecida. La investigación de Peña permite otra vez ponerlo en la vitrina pública como símbolo de abuso y la corrupción de los gobiernos “neoliberales”.
La hipótesis es plausible porque la lucha anticorrupción también ha servido para politizar la justicia y enderezarla contra adversarios políticos que cargan con abultados expedientes de actos delictivos o fortunas inexplicables, como Peña Nieto y otros priistas de su círculo. Por ello no es fácil reanimarla con estos ejemplos, sin que sea vista como mensaje al PRI por haber votado la reforma eléctrica o ahora para persuadirlos de abandonar la plaza en uno de sus principales bastiones en el Edomex. Aunque lo más probable es que sirva para los dos objetivos, mejorar la percepción anticorrupción y la remodelación del sistema de partidos.