NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Las aduanas de Baja California son de las mayores puertas en el mundo para el comercio internacional y ahora, también, pueden abrir la primera ventana a una investigación de corrupción, ya no sólo de gobiernos anteriores, sino de altos funcionarios de los tiempos de la 4T. La Administración General de Aduanas (AGA) ha sido coto de abusos, extorsión y soborno, hasta ahora infranqueable, para la promesa de López Obrador de limpiarlas, en buena medida porque autoridades y facciones políticas locales, ahora de Morena, las vean igual que antes, como “caja chica” para el enriquecimiento personal y financiar proyectos políticos. Podría decirse que el manejo de aduanas, como las de Mexicali, Tecate o Tijuana, en el “Top” del valor de operaciones en el país, sigue con los mismos vicios del pasado, a pesar del discurso de transformación con el que llegó el primer administrador general del actual gobierno, el también exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. No obstante, ahora podría abrirse una oportunidad para atacar ese “cochinero”, como lo ha calificado el propio López Obrador, barriendo dentro de la casa. Investigar denuncias contra sus propios funcionarios y no sólo culpar al pasado es imprescindible para la credibilidad anticorrupción sin tintes políticos.
Los actuales responsables de la AGA, encabezada por Horacio Duarte, aseguran encontrar irregularidades y elementos para que la UIF y la SFP abran líneas de investigación a la gestión de Peralta en sus cerca de dos años en el cargo y a la red de operadoras en aduanas que él promovió y que ahora han sido denunciados en el SAT. En un reconocimiento inusual de la 4T, Duarte aceptó la semana pasada que los abusos y corrupción en aduanas para financiar fortunas personales y carreras políticas no sólo corresponden al “régimen neoliberal”, sino también a “tiempos recientes”, en clara alusión a las denuncias que pueden llevar a procesar a su antecesor.
El proceso está en curso en una institución clave, donde cada año se recaudan 900,000 millones de pesos, pero es menos claro hasta dónde toparía una investigación por la cobertura de autoridades locales a exfuncionarios de aduanas. En el arranque de 2021, la AGA cesó a tres administradores en BC por “pérdida de confianza” como funcionarios del SAT, Viridiana Soria (Tijuana), David Pérez Tejada (Tecate) y Raymundo Humberto Jiménez Lázaro (Mexicali), señalados como operadores cercanos a Peralta. Los administradores removidos entre las 49 aduanas del país alcanzan a muchas otras plazas, pero las fronterizas son clave por decomisos de materiales de seguridad nacional, hidrocarburos, los autos chocolate, contrabando y drogas, que son fuente extraordinaria de recursos ilegales. La AGA dio al SAT un expediente de denuncias que prendieron las alarmas para la separación de sus cargos, que ahora forma parte de la investigación que podría llevar a acusar a la administración anterior por corrupción.
Pero, a pesar de estar bajo la mirada de la UIF y la SFP, el gobierno de BC rescató a algunos, como a Soria, nombrándola directora del SAT local. La protección de autoridades estatales abona en las críticas sobre las aduanas como botín para financiar empresas políticas. Por ejemplo, el impulso fallido del gobernador Bonilla a la candidatura del alcalde de Ensenada, Armando Ayala, para sucederlo, y que también contaban con el respaldo de Peralta. Cabe recordar también su singular defensa, como subsecretario de Gobernación, de la Ley Bonilla para ampliar el mandato del actual gobierno estatal y que, finalmente, canceló la SCJN; así como su interés por apoyar a candidatos de Morena desde su organización de estrategias electorales tras su destitución en Gobernación, donde había sido rescatado por Sánchez Cordero a su salida de la AGA.
Aunque las investigaciones de los exfuncionarios de aduanas pudieran destapar vínculos con grupos políticos locales, sería difícil que llegaran hasta el gobernador Bonilla, que, se presume, fue un contribuyente a la campaña de Morena en 2018. No obstante, las interrogantes sobre las tramas de los negocios en aduanas y el financiamiento ilegal de la política permiten dimensionar el tamaño de las posibles líneas de investigación de la primera “barrida” de corrupción en los tiempos de la 4T. El caso sería clave para ver los límites de la lucha anticorrupción al interior del gobierno y evitar la contaminación de la política con recursos ilegales.