Estira y afloja
Las empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ya comenzaron a informar a los accionistas en general sobre las repercusiones y efectos ante los cambios a leyes y regulaciones aprobadas por el Legislativo y aplicadas por el gobierno federal.
Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, Alpek, la subsidiaria de Grupo Alfa que preside Armando Garza Sada, destacó que “no puede asegurar a los inversionistas potenciales” que los cambios en las políticas gubernamentales “no afectarán de manera negativa a sus negocios”, y que la empresa “no cuenta y no tiene la intención de obtener un seguro contra riesgo político”.
Alpek opera la mayor capacidad de reciclaje entre los productores de PET en Canadá, Estados Unidos y México. Su negocio de poliéster, que comprende 76 por ciento del ingreso neto, registró una baja en ventas de 19 por ciento en el último trimestre de 2019 respecto a igual periodo de 2018, que incluye productos de ácido tereftálico purificado (PTA), de tereftalato de polietileno (PET), de rPET y fibras de poliéster.
La gran mayoría de la producción de PET y, de manera indirecta, de la producción de PTA de Alpek, se utiliza para botellas de plástico y otros contenedores en las industrias de bebidas, alimentos y cuidado personal. Si en el futuro “otro material se convirtiera en un sustituto del PET para fabricar dichos contenedores, entonces la demanda del PET podría disminuir, lo cual tendría un efecto material adverso sobre el negocio”, como el material plástico biodegradable elaborado con base en plantas y el ácido poliláctico (PLA), que pueden ser sustitutos de materiales plásticos elaborados con petróleo.
Por su parte, el operador líder de establecimientos de comida rápida, cafeterías y comida casual de América Latina e Iberia, Alsea, que preside Alberto Torrado, dijo que cuenta con “elementos suficientes para demostrar” que la compra de la división de restaurantes Vips a Walmart de México cumplió correctamente con el pago de impuestos y que es “improcedente” la reclamación del SAT de que faltan por pagar 3 mil 881 millones de pesos de esa operación que incluye “actualización, recargos y multa”.
No se refiere concretamente a este hecho pero Walmart de México, que preside Enrique Ostale, expuso que “la empresa está expuesta a los cambios en las diferentes leyes y regulaciones, los cuales pueden afectar en sus resultados desde un impacto en las ventas, gastos por impuestos indirectos de nómina y cambios en las tasas aplicables, una vez que entren en vigor. Actualmente el nivel de escrutinio y discreción por parte de las autoridades fiscales ha aumentado considerablemente. Los tribunales mexicanos han cambiado su posición favoreciendo a dichas autoridades haciendo caso omiso de las violaciones de forma y procedimiento”.
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