Para que haya prosperidad en un país es necesario que se den determinados supuestos esenciales, uno de los más importantes es que haya un entorno de seguridad y justicia. Esta seguridad la vemos desde un punto de vista de que haya garantías para la vida, la integridad física, el mantenimiento del patrimonio y el orden, así como para garantizar el libre desarrollo de las actividades humanas.
Es necesario que haya justicia basada en un Estado de Derecho, en donde se establezcan normas sociales de conducta que induzcan a generar un entorno de balance de intereses en donde a todos se les de lo que les corresponda, conforme a las reglas del juego aceptadas por la sociedad en un ambiente democrático.
Pero también es necesario que haya seguridad jurídica en las relaciones contractuales, que son acuerdos de voluntades que establecen las reglas del juego en las operaciones entre particulares o entre el gobierno y los particulares. Así, si se va a llevar a cabo, por ejemplo, la compraventa de un negocio en marcha, normalmente se ponen una serie de condiciones relativas a las obligaciones que existen en el negocio vendido, hasta dónde tiene que responder el propio negocio vendido o si existen obligaciones adicionales del vendedor en lo personal tiene que responder por ellas, aunque sean del negocio.
La nueva ocurrencia del presidente de la República es que ahora pretende reformar múltiples leyes, con el fin de limitar la responsabilidad del gobierno en la realización de operaciones comerciales con particulares. Con ello podría el gobierno, a su discreción, cancelar sus obligaciones pactadas sin que hubiera consecuencia alguna en su contra y en perjuicio de su contraparte particular.
De aprobarse esta situación, se perdería la seguridad jurídica en la contratación del gobierno con los particulares. De esta manera, los particulares que celebren contratos con el gobierno; sean para proveerle bienes o servicios, contratos de obra pública arrendamientos, propiedad intelectual y demás operaciones, estarían en la absoluta merced del gobierno. Con ello, un particular queda en total indefensión para reclamarle al gobierno el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, puesto que el gobierno, a su discreción, tendría la potestad de, a su arbitrio, cumplir o incumplir con cualquiera de sus obligaciones.
Al hacer estos cambios de leyes, promovidas por el Ejecutivo Federal con el apoyo de Morena y sus aliados, estarían permitiendo, en cierto modo, acciones expropiadoras que atentarían en contra de derechos humanos, en contra de la propiedad privada y el patrimonio de las personas, amén de violar principios esenciales establecidos en los tratados de libre comercio en donde México es parte.
Una situación como esta induciría a los particulares a coludirse con el gobierno para realizar operaciones comerciales con la administración pública, a través de relaciones de “confianza” derivadas de la propia colusión. Ello sería una clara inducción hacia la corrupción en las operaciones con el gobierno.
Por otro lado, las compañías particulares que tienen una estructura seria de control corporativo con una gobernanza bien estructurada (que normalmente son las más prestigiadas), estarían impedidas de participar en un contrato con el gobierno, derivado de la inestabilidad contractual, por tener al gobierno con la facultad de incumplir, a su discreción, con sus obligaciones contractuales, ya que no les permitiría rendir debida cuenta a sus accionistas de los riesgos inherentes- que son enormes- de llevar a cabo un contrato con semejantes limitaciones en la seguridad del desarrollo de las obligaciones pactadas.
Con lo anterior, la calidad de los servicios, arrendamientos y adquisiciones del gobierno se verían seriamente afectadas respecto de los entregables al gobierno por parte de los particulares.
Con esto, se le estaría echando a nuestro prestigio internacional “otra rayita al tigre”, respecto de la clase de país que somos, generándose múltiples conflictos legales por violación de tratados y de principios constitucionales.
Esperemos que esta nueva ocurrencia sea debidamente analizada por el Congreso, para evitar un deterioro adicional a la efectividad de la administración pública federal.