Las alertas alcanzan el rojo intenso.
La principal fuente de ingresos del país son las remesas y empiezan a caer peligrosamente en un horizonte con nubarrones de estancamiento y riesgos de inflación.
Ha sido un orgullo de la 4T.
En 2019, López Obrador comenzó a presumirlas como un logro de su gobierno porque subían de manera exponencial –“espero que lleguen a 60 mil al final de mi administración”- y Claudia Sheinbaum ha elevado a nivel de héroes a los migrantes.
Pero hay temores.
Más cuando Donald Trump planea gravarlas -la Cámara de Representantes redujo el proyecto de 5 a 3.5 por ciento- y significaría una enorme sangría para el país.
Si se toma en cuenta el registro del año pasado -64 mil 745 millones de dólares-, se mermarian en dos mil 745 millones de dólares anuales con enorme impacto en las poblaciones más pobres, más alejadas y con menos oportunidades de trabajo y sustento.
ACCIONES URGENTES
Ahora vienen las acciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a su equipo económico, con Edgar Amador Zamora de estratega, para buscar alternativas y evitar más daños nacionales.
¿Qué les pidió esta semana?
Buscar medidas efectivas para ayudar a los migrantes a sortear ese 3.5 por ciento, pero también a las familias nacionales dependientes de esos sesenta y tantos mil millones de dólares.
Convertidos en pesos, hablamos de casi 1.3 billones de unidades de la moneda nacional.
Por lógica la acción gubernamental incluirá asesoría para quitarles temores, porque parte de la caída es porque se han retraído y hasta se ocultan ante el riesgo de ser detenidos y deportados.
Lo segundo sería generar estímulos para evitarles pérdidas en las remisiones -ahí está el Banco del Bienestar-, sobre todo a quienes en territorio nacional cambian sus giros bancarios y sufren enormes pérdidas.
Esto sería imposible de superarse si no se llega a un acuerdo -tipo gasolineros- con las compañías utilizadas para tales envíos, quienes llegan a cobrar hasta 12 o 15 por ciento de comisión en los giros.
La propuesta debe estar en marcha a más tardar en dos semanas, según la instrucción presidencial.
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