En el décimo aniversario del Caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró compungido por la falta de resolución del caso, pero justificó el blindaje del Zócalo.
Este jueves, con una plancha de la Constitución blindada y con algunos de sus accesos cerrados con barreras de concreto, el mandatario saliente desde la Mañanera le mando un sentido mensaje a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014:
“No quiero dejar de expresar mi sentir, mi tristeza, y manifestar mi solidaridad con las madres y con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, que hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los jóvenes (…) hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo”.
Y como en una especie de mea culpa, el mandatario saliente el mandatario mexicano reconoció que, si bien su administración hizo todo lo posible por dar con los muchachos, y por ello les dio el siguiente mensaje:
“Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes, y a nadie se le protegió”.
A la par de reconocer que las pesquisas se complicaron y que, incluso “se enredaron” por intereses, sin especificar cuáles.
Y aunado a lo anterior, les envío un mensaje pese a que él y los padres de los muchachos están distanciados desde hace más de un año y, apenas a finales de agosto, el diálogo es prácticamente inexistente:
“Pero la verdad siempre se abre paso, la justicia tarda, pero llega. Es todo lo que puedo decir, por ahora”.+
Justifica el cerco de concreto
Por otro lado, al ser cuestionado sobre las medidas de seguridad previas a la marcha, como es, por primera vez, la colocación de barreras de concreto en varias calles cercanas.
“Aunque son demandas muy justas, desde luego, siempre hay provocadores, gente que se aprovecha de las circunstancias, oportunistas, sectarios, conservadores, que quisieran hacernos daño”.
De tal suerte que, considera que en esta ocasión no sólo vendrán los padres y madres, sino que, según su dicho, grupos de derecha, muy conservadores:
“De estos que se cubren el rostro y que tiran piedras y cohetones y bombas molotov y buscan hacer daño Entonces, sin represión, porque en nuestro Gobierno no ha habido ni habrá represión, vamos a procurar que haya una manifestación pacífica”.
Como medida preventiva a la movilización, el Gobierno colocó ayer en varias calles aledañas al Zócalo barreras de concreto.
En un recorrido realizado por este Diario por el primer cuadro capitalino, se constató que en 4 cruces de avenidas aledañas a la Plaza de la Constitución hay barreras de seguridad de concreto.
Las moles se encuentran en los cruces de:
* Pino Suárez con Venustiano Carranza
* 20 de Noviembre y Venustiano Carranza
* 16 de Septiembre y Palma
* 5 de Mayo y Palma
Las medidas se suman a las vallas metálicas frente a Palacio Nacional y las calles de sus costados: Moneda y Corregidora en las que también hay decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, algunos con equipo antimotines.
Esta es la primera ocasión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se toma la medida previa a las marchas en demanda de verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Además, las barreras de concreto se suman a las que se colocaron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, luego de que presuntos estudiantes de varias normales rurales, además de la Isidro Burgos –donde se matricularon los 43- lanzaron petardos en ese recinto así como al Senado de la República.
La manifestación de este jueves, día en que se cumple una década del Crimen de Estado, se dan en el contexto del fin del diálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres de los jóvenes, además de que la investigación del caso que ha sido encabezada desde hace casi 2 años por el mandatario mexicano paso de mencionar al Ejército para cargar el peso de los contratiempos en las pesquisas a un delincuente y una periodista.
El 27 de agosto, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, tras la última reunión con el Presidente saliente dijo que:
“La posición de los padres es que hoy es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones de una próxima reunión. Las reuniones solo son confrontaciones (…) el Presidente coincidió también (…) si ustedes ya no quieren que no nos reunamos, no nos reunimos”.
A la par, el también activista comentó que el caso registró avances hasta 2021, año en que se “tocaron las fibras sensibles” del Ejército, momento a partir del cual la Defensa comenzó a poner trabas al trabajo de los investigadores involucrados y a negar información que podría abonar a la resolución del caso.
Con información del periódico 24 Horas