Una cosa es el político en campaña y otra muy diferente es el gobernante o estadista desarrollando políticas públicas, actos de gobierno y su conducción. Gobernar es muy distinto a prometer en una campaña. Todo político se enfrenta a esta cruda realidad. Andrés Manuel López Obrador se está encontrando con este problema aún antes de que inicie su gobierno. Tenemos varias pruebas de ello.
Marcelo Ebrad, quien va a ser designado como Secretario de Relaciones Exteriores, anunció en un mensaje de video transmitido por las redes sociales, que se recorrerían las fronteras del Norte de México para crear una zona de libre comercio, que en un franja de 20 o 30 kilómetros a lo largo de dicha frontera, se bajaría el IVA al 8% y el impuesto sobre la renta al 20%.
De una muy buena fuente, tengo información de que ya se echaron para atrás en lo de la zona libre. Bastó una junta del equipo de transición de AMLO con el equipo de Hacienda, para que decidieran que era “muy difícil implementar el control aduanal” al Sur de la Frontera con los Estados Unidos.
Así también, tenemos que AMLO el 4 de septiembre declaró a los medios en Monterrey que recibía a un país estable y sin crisis económica, para que luego declarara en Nayarit el 16 de septiembre que el país se encuentra en bancarrota y que no podrá cumplir con todas sus promesas de campaña.
Uno de los principales problemas que enfrentará AMLO será su política draconiana de reducción de salarios en el sector público. Ya hay muestras claras de ello, cuando se da en Banco de México un éxodo de aproximadamente 200 funcionarios técnicos de alta especialización que solicitan su jubilación ante el impacto que representará para ellos la reducción de salarios planteada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Hoy el Senado aprobó la minuta de la ley en comento enviada por la Cámara de Diputados. Estaremos pendientes de posibles acciones de inconstitucionalidad que los grupos parlamentarios opositores pudieren presentar en ambas cámaras y de los amparos que, inclusive, cualquier ciudadano pudiere interponer por el daño que se pueda ocasionar a la sociedad derivado de esta inminente disminución en la calidad de los servicios y la conducción del gobierno en agravio de la sociedad entera.
Las consecuencias que pueden provocar estas reducciones de percepciones de los servidores públicos aún no se cuantifican. Para empezar, puede haber una drástica disminución de talento humano como la que está aconteciendo en Banco de México. Al respecto, una posibilidad es que el gobierno empiece a hacer excepciones e interpretaciones a la ley, para salvar esta problemática. Lo que puede suceder es que la ley en muchos aspectos se vaya reduciendo hasta quedar en letra muerta.
También tenemos que considerar los posibles riesgos de corrupción y tráfico de influencias que esto pueda acarrear. Consideremos a un burócrata que actualmente esté ganando un sueldo de $180,000 pesos mensuales, que tenga hijos en la universidad, que esté pagando hipoteca en una vivienda media, que pague sus vehículos y tenga su club deportivo, que de repente le digan que ahora su categoría de puesto va a tener un sueldo de $60,000 pesos mensuales. Esto lo puede inducir a renunciar u obtener ingresos extras, ya sea trabajando en otro lugar, después de que salga de sus labores de gobierno. Esto, en el mejor de los casos, pero también se puede inducir al funcionario a proporcionar a terceros mediante una contraprestación monetaria, de información confidencial que esté en su posesión por virtud de sus labores de gobierno o bien, hacer tráfico de influencias o participar en moches en licitaciones, etc.
Así y en muchos otros temas, el nuevo gobierno va a tener que hacer ajustes a sus promesas de campaña, al enfrentarse a la cruda realidad que no les permitirá cumplir a cabalidad o enfrentarse a un deterioro en la calidad del gobierno que repercuta en la sociedad, en el entorno económico que requiera el país para su desarrollo, o peor aún, en situaciones delicadas como la seguridad, estabilidad y orden económico que todos necesitamos.
Percibo que veremos muchos cambios en el discurso gubernamental a partir del 1º de diciembre en que el nuevo gobierno de López Obrador tome posesión.
Indudablemente que el mayor reto que enfrentará AMLO en su gobierno no será la oposición sino la realidad de las cosas, de las que no se puede luchar con meras palabras de promesas de campaña. Una cosa es el político en campaña y algo muy diferente es el gobernante que resuelve los problemas de la cosa pública ante los embates del estado de las cosas. Si lo hace bien, ese gobernante se puede convertir en un gran estadista.