“No, no pienso transigir
Me importa poco lo que piensen ya de mí
Si, al fin y al cabo, es mi vida la que vivo
Y mis fracasos o mis triunfos, son muy míos…” Marco Antonio Muñiz
Fernando Antonio Lozano Gracia había sido despedido por Ernesto Zedillo del cargo de procurador General de la Republica cuando me reclamó haber publicado sus latrocinios.
Lozano Gracia adujo que la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) –autoridad ante la que compareció el jueves 20 de marzo de 1997– lo había exonerado de cualquier presunta comisión de delitos cometidos durante su gestión en la PGR.
“Mi obligación como reportero, abogado Fernando Antonio Lozano Gracia, es dar a conocer información de interés público y más cuando se trata de actos de corrupción. No hacerlo me haría cómplice; así que, dígame, abogado Lozano Gracia, de qué lado de la ley me pongo”, le respondí, palabras más, palabras menos.
Retomo el tema para insistir –medidas las distancias, por supuesto– en la responsabilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador como cómplice, encubridor e incluso beneficiario del mega fraude cometido con dineros de Segalmex que hoy se sabe puede superar los 20 mil millones de pesos no reportados ni solventados ante la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Y su amigazo del alma, Ignacio Ovalle Fernández, señalado como cabeza del grupo que cometió el fraude superior a la Estafa Maestra, que sirvió a López Obrador para meter a prisión a Rosario Robles –aunque finalmente se le fabricó un delito ajeno al caso Segalmex–, no ha sido tocado ni por la hoja de una carpeta de investigación.
Calificado por mi colega Elena Chávez González como “El Rey del Cash”, López Obrador se alza maestro de la simulación, escapista y mago que no dejó huellas de sus latrocinios. Bueeno.
Los políticos ladrones, cuenta vox populi, son eso: ladrones, no pendejos.
Sin cuenta de cheques ni tarjetas de débito o crédito, nadie sabe dónde están sus multimillonarios ingresos obtenidos desde sus días como dirigente de movilizaciones como la llamada marcha por la democracia que llegó de Villahermosa al entonces Distrito Federal y luego como dirigente nacional del PRD.
Lo demás, es historia harto conocida. Caudales de dineros han corrido por ese río de corrupción, documentado, pero soslayado por la autoridad. Total, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sobre todo Peña Nieto, le admitieron todo. Cómplices de la impunidad.
¿De qué vivió? ¿De qué vive Andrés Manuel?
Salvó los dineros que ganó como presidente, nadie sabe –es un decir—de dónde salieron los vastos recursos para remodelar, por ejemplo, su humilde y franciscana finca en Palenque, Chiapas, y vestir trajes caros. de cashmere y corbatas de seda. Por citar ejemplos elementales.
No me haga usted caso, pero…
Pablo Escobar Gaviria, abatido por la policía el 2 de diciembre de 1993, en Medellín Colombia, escondió su multimillonaria fortuna, amasada en dólares como jefe del narco. Prefirió enterrar millones de dólares en tambos de plástico que depositarlos en la banca colombiana.
Gastaba a manos llenos en lujos de todo concepto, excéntricos y banales. No tuvo tarjeta de crédito. Todo fue en cash.
¿De qué vive Andrés Manuel? ¿De una pensión del ISSSTE?
El 17 de marzo de 2023 referí que el caso de Segalmex fue conocido por Andrés Manuel López Obrador desde diciembre de 2018 y enero de 2019.
¿Quién abrió la caja de pandora de Segalmex que López Obrador no quiso atender? Fue Enrique Manuel J. Sada Fernández, a quien se pretendió acusar de desestabilizar a la naciente empresa.
Mire usted. Ante la reciente aprehensión de Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector en Liconsa, implicado en caso de corrupción de Segalmex, hay que sacudir archivos para insistir en que Andrés Manuel es presunto delincuente, cómplice de Ignacio Ovalle Fernández, indudable cabecilla de la banda que perpetró el mega fraude contra Segalmex.
El licenciado Ovalle Fernández, quien desde julio de 2018 se había hecho cargo del nonato organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el 5 de diciembre vía telefónica se deshizo de Enrique Manuel J. Sada Fernández, a quien había nombrado al frente de Liconsa en julio de 2018.
Y es que Sada se negó a participar en actos de corrupción y los denunció ante Ovalle, quien se hizo que la virgen le hablaba.
El 17 de marzo de 2023 publiqué preguntas vigentes. Veamos:
¿Por qué no se atendió la denuncia de Sada Fernández en la Auditoría Superior de la Federación y en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados o en la Fiscalía General de la República?
¿Por qué se mantuvo a Ignacio Ovalle Fernández en el cargo de director de Segalmex hasta el lunes 19 de abril de 2022, pese a la alerta del fraude que se cometía en Liconsa y Diconsa, columnas vertebrales de este organismo, alerta que Sada Fernández encendió formalmente el 24 de enero de 2019?
¿Por qué se protegió a Ignacio Ovalle Fernández poniéndolo bajo el manto protector de la Secretaría de Gobernación con el cargo de coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)?
¿Por qué no se frenó la galopante corrupción en Segalmex, en la administración de Leonel Cota Montaño, relevo de Ovalle en este organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural?
¿Quién cerró los ojos frente a la comisión de un fraude que supera, con creces a la “estafa maestra” cometida en la administración de Enrique Peña Nieto?
¿Quién guardó silencio cuando Ovalle Fernández dijo desconocer su firma en la autorización para que 850 millones de pesos del gasto de Liconsa y 100 millones de pesos del presupuesto de Segalmex fuesen desviados para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados, es decir, un mecanismo prohibido por ley?
El caso es que, en la mañanera del jueves 16 de marzo de 2023, el entonces licenciado presidente, sin pregunta de por medio, abordó el tema de Segalmex.
“Miren, lo de Segalmex. Me dio tristeza porque los conservadores siempre han estado en contra de que haya una empresa comercializadora. Estuvieron en contra siempre de la Conasupo. Claro, la Conasupo se corrompió (…)”, declaró López Obrador.
¿Sabe usted quien fue director de la Conasupo? ¡Exacto! El licenciado Ovalle Fernández.
“(…) Y llega Diconsa a estas instituciones, llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas, acostumbrados a robar, y los mete y empiezan a hacer negocios, a comprar leche, comprar maíz, pagando precios elevados.
“Y se descubre que hay corrupción y a lo mejor pensaron de que no iba a pasar nada. Pues di la orden de que se investigara (…)”, relató el licenciado Andrés Manuel.
–Presidente ¿tres años engañaron al señor Ovalle?—preguntó entonces un reportero al licenciado López Obrador.
—Pues yo creo que se confió, nada más que nosotros no aceptamos la corrupción y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el que comete un delito es castigado, porque no somos tapadera—respondió Su Alteza Serenísima.
Enrique Manuel J. Sada Fernández tuvo otros datos, evidencias, documentos de actos de corrupción. Nadie le hizo caso; Ovalle lo despidió, luego lo acusarían de pretender sabotear a Segalmex. En serio.
¿De qué lado de la ley nos ponemos, Princesa Caramelo? ¿Meterá a chirona a Ovalle y dará un raspón a su jefe y guía? ¿Qué opinas, Drakko? Digo.
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