NÚNMERO CERO/ EXCELSIOR
Cuando asoman escándalos en el círculo cercano del poder, se abre una rendija que deja ver el errático camino de combatir la corrupción o los privilegios por decreto. El presidente López Obrador colocó como su estandarte la decisión de atacar esos dos males de los viejos tiempos, pero la mera insignia no es suficiente para pasar del discurso a los hechos. La percepción del avance anticorrupción está en punto muerto y el antídoto de la austeridad para controlarlo no parece alcanzar ni a su familia.
Mantener izada esa bandera sobre la proa de su gobierno es un peso difícil de aguantar, si descansa sólo en el discurso presidencial y en la voluntad de una persona por más de sus buenas intenciones. La promesa de justicia y “barrer las escaleras desde arriba” las refrenda a diario para apostillar la persecución de casos del pasado. Pero lo que atañe a su administración, equipo o a su entorno le demuestran que del dicho al hecho hay mucho camino por andar, aunque no lo podrá recorrer si los rehúye o silencia. Y sin revisar la idea recurrente de que todo puede andar con una orden suprema sin preocuparse de la eficacia de las instituciones.
La ineficacia para resolver casos de corrupción es un desafío contundente a esa ruta, aunque nada altera su confianza en que basta con declarar extinguida la corrupción para que sea realidad. Varias acusaciones han salpicado a miembros de su gobierno sin manchar su figura. Aunque eso no conjura los riesgos de ver a su secretaria de Educación señalada por una antigua denuncia por corrupción sin sanción alguna o a su hijo en una vida de lujo en las antípodas de su discurso, aunque no sea ilegal vivir en una gran casa. El punto no es ése, sino haber habitado en una de un contratista de Pemex y proveedor de otra insignia del gobierno, la refinería de Dos Bocas, por la suspicacia sobre la influencia y los privilegios.
Frente a estos casos la respuesta constante es que se trata de ataques políticos de conservadores y de grupos de interés que lo odian, como seguramente dirá también de otras denuncias relacionadas con su círculo cercano. Aunque es una persona distinta, la posibilidad de un conflicto de interés con una empresa beneficiada por las rondas de hidrocarburos debía ser explicada. Para la lucha anticorrupción sería importante porque ocurre cuando los resultados escasos en los casos más emblemáticos como Odebrecht de por sí debilitan ya la confianza en sus promesas.
Antes ha habido señalamientos de que programas sociales, como Sembrando Vida, beneficiarían la producción de cacao para una empresa cercana al poder. La descalificación fue también la respuesta con el cuestionamiento a la independencia del medio de su autoría. Pero más allá de la posición reactiva frente a las denuncias, la parte más débil es la falta de una estrategia institucional para controlar la corrupción y la actuación selectiva de la fiscalía en línea con las prioridades del gobierno a pesar de su autonomía.
La política anticorrupción se ha enfocado en poner bajo la orden presidencial a todos los mecanismos institucionales y contrapesos para investigar, supervisar y promover la transparencia. El último golpe contra el sistema anticorrupción puede sobrevenir con una reforma para desaparecer a la secretaria ejecutiva que, aunque con resultados cuestionables, es uno de los escasos esfuerzos institucionales para coordinar a las distintas dependencias. Pero el problema sobre todo es que sin ofrecer cómo mejorar o crear nuevos mecanismos dedicados a esta prioridad de su gobierno. Otra vez apuesta a llevar a toda iniciativa bajo su control en la misma ruta de centralización de la política en su gobierno y, peor aún, en la voluntad presidencial.
El encarcelamiento de Lozoya es el mayor tanto que puede presumir hasta ahora, aunque el alcance del caso sea mucho menor a la expectativa de limpiar desde el escalón más alto de las redes de políticos y empresarios de la pasada administración. Esta valoración coincide con la percepción de la ciudadanía que, según la última medición de Transparencia Internacional de 2021, observa estancada la lucha anticorrupción, a pesar de ser la bandera más importante del Presidente.
En punto muerto.