NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La recomendación de elevar la crisis de desaparecidos en México a la Asamblea General de la ONU, evidentemente, tiene un costo político para el país, pero invisibilizar o silenciar la situación no resuelve el problema. Al contrario, las reacciones defensivas lo que exhiben son las razones de Estado como límites para avanzar contra graves violaciones a derechos humanos, a pesar de todos los esfuerzos para atajarlas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tomado una mala ruta al entrar a una batalla política con el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada por rechazar un informe que califica la tragedia de las desapariciones en el país de crímenes de lesa humanidad. La instancia solicitó el 3 de abril remitirlo a la Asamblea General, con el objetivo de movilizar la atención y el apoyo internacional ante su repetición incesante hace más de una década y pocos avances significativos.
Lo que da pie a la solicitud, y al diferendo, no es reconocer que muchos de estos crímenes requieren la participación directa o indirecta de agentes estatales, sino la aseveración en el informe de que ocurra con su “aquiescencia”. La cuestión tiene un trasfondo más político que de semántica jurídica, dado que implicaría que el Estado desparece personas; aunque el comité se cuida de decir que sea una política sistemática y deliberada, como la guerra sucia del siglo pasado.
La airada descalificación del informe como “sesgado” por generalizar la tragedia a todo el país, y carente de “rigor jurídico” por interpretaciones del lenguaje, refleja la preocupación de que se siente al Estado mexicano en el banquillo de los acusados por omisiones en una crisis que parece endémica. Pero los argumentos son endebles para refutar los indicios de un problema estructural de los últimos tres gobiernos, que acumulan más de 130 mil desaparecidos. Tampoco es suficiente rebatir con las reformas legislativas e institucionales ante los pocos resultados para solucionarla.
México ha desarrollado un marco legal e institucional robusto en esta materia, pero no alcanza para refutar magros avances de sus políticas contra crímenes que comprometen al propio Estado. La reacción activa reflejos similares a los que tuvieron Calderón y Peña Nieto para resistirse a asumir la problemática desde que el Comité empezó investigar sus causas, hace más de una década; si bien es cierto que la mayor parte de casos del Informe corresponden a esos gobiernos.
Evidentemente, colocarlo en la máxima vitrina internacional es un golpe reputacional, pero cómo evitarlo si la responsabilidad compete al Estado, no a tal o cual gobierno. Por ello, un coro de especialistas y organizaciones de derechos humanos, incluso la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, defienden que es una oportunidad de abrir diálogo y recibir cooperación para resolver una situación que, por sí misma, erosiona la legitimidad y cimientos del Estado. Es el dilema del prisionero de las decisiones estratégicas en que el precio de preservar al Estado del escrutinio público e internacional resulta más caro que poner en juego su prestigio.
Por supuesto, el gobierno puede discrepar de un informe de corte político y que propone al máximo órgano de la ONU adoptar medidas para dar solución a la crisis, como Estado parte de los tratados sobre desaparición forzada. Y defender que no ha dejado de cooperar y dialogar con el comité, y es cierto. La colaboración ha sido constante, incluso en este informe que recoge información proporcionada por el Estado, organizaciones civiles y familias de desaparecidos en la última década. El mismo comité ha reconocido avances en comparecencias con el de López Obrador y recibió invitaciones a visitas de campo, que dieron como resultado la expedición de la primera ley general sobre desaparición de personas y el sistema nacional de investigación y búsqueda. Además de esfuerzos de Sheinbaum para mejorar el marco normativo con nuevas reformas en coordinación con familias de las víctimas.
Pero no puede ocultarse que el país adolece de una política integral para abatir la impunidad y castigar estos crímenes, hasta haber llegado a un punto en que la carga de la prueba está en el Estado para evitar una sentencia política, dado que la investigación del comité no implica acusación penal para miembro alguno de ningún gobierno. Precisamente, esto es lo que el Comité quiere empujar en la discusión en la Asamblea General, y lo que quiere evitar el gobierno de Sheinbaum, para seguir trabajando con ellos, pero sin luces ni taquígrafos.
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