Imponer la NOM 237 por parte de la Secretaría de Economía a través de la PROFECO, sería asestarle un gran golpe a la existencia de las instituciones particulares de educación porque, además de los daños que ese sector ya tiene por la pandemia y los ajustes tecnológicos provocados por el confinamiento, sumados al gran número de obligaciones generales, van a tener que pagar los costos que generará la norma con nuevas inspecciones y verificaciones que necesariamente serán dirigidos a los padres de familia, lo que provocará mayor abandono escolar y limitará la libertad de elección de los mexicanos; más aún limitará el acceso al derecho fundamental a la educación que el Estado mexicano no puede por si solo poner a disposición de la ciudadanía.
Jesús Nájera Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México dio a conocer que a nivel nacional son más de 53 normas oficiales o leyes generales las aplicadas a los colegios particulares en México, por lo que sería un exceso poner esta nueva disposición, que de ser aprobada los afectados combatirían a través del juicio de amparo por ser inconstitucional.
Los dirigentes de las Instituciones Particulares de Educación expresaron que esta nueva norma incrementaría los costos de las colegiaturas en alrededor de 15%, lo cual provocaría el cierre casi inmediato de más de 18 mil colegios que, por sus características y las de la población que atienden, no podrían absorber los nuevos costos.
Esta autoridad —la Secretaría de Economía—, que no es educativa, busca regular temas como la infraestructura educativa de la que desconoce y ya está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, y esto muy probablemente generaría actos de corrupción y quien resultaría perjudicada sería la población, explicó Itzel Carmona, miembro del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
“La educación que es un servicio social, con un producto mercantil, es un despropósito. Creemos que tal vez los funcionarios no lo hacen de mala fe, sino por falta de conocimiento”, expresó Jesús Nájera, quien lamentó que la Secretaría de Economía no entienda que el sector de las escuelas particulares está “sumamente castigado con las normas que ya existen, donde hay una sobre regulación que cada día hace más difícil hacer nuestra labor”.
Además de los gastos y obligaciones normales que toda institución debe cumplir para poder realizar sus labores como licencia de uso de suelo, predial, renta, luz, agua potable y otros, las escuelas particulares necesitan cubrir costos de la Licencia de funcionamiento, dictamen de Protección Civil, de seguridad estructural, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), capacitación de sus docentes, autenticación del Certificado de Estudios (por ciclo escolar), equivalencia de estudios, autenticación de diploma, título o grado, exámenes extraordinarios y a Título de Suficiencia (por materia por alumno), inscripción por alumno en asignaturas libres, notificación de Examen Profesionales o de grado, de Licenciatura, etc.