>> Se remitieron a la Mesa Directiva para su programación legislativa
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez de Morena, aprobó con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, y con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 2025.
Se prevé que la Federación perciba ingresos totales por 9 billones 302, 015.8 millones de pesos (mdp), de los cuales los ingresos del Gobierno Federal por concepto de impuestos sumarán 5 billones 297, 812.9 mdp; de ingresos derivados de financiamientos, 1 billón 246, 366.5 mdp, y proyecta una recaudación federal participable por 4 billones 892 mil 179.6 mdp.
Al reanudar su primera reunión extraordinaria, se determinó que las reservas de ambos documentos que forman parte del Paquete Económico 2025 se presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Una vez aprobados se remitieron a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
Al respecto, su compañera de bancada Claudia Rivera Vivanco, señaló que el paquete presupuestal propone incrementos en educación, salud, distribución de acciones estratégicas y programas sociales e impulsa la digitalización y simplificación tributaria que permita facilitar el pago de las contribuciones, la disciplina fiscal con austeridad republicana y la simplificación de administrativa con mayor eficiencia.
Por el PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas aseguró que será difícil cumplir las metas económicas que se presentan en el paquete fiscal 2025. Destacó los problemas en Pemex, la cotización del dólar y las remesas ante el anuncio de deportaciones del presidente electo de Estados Unidos. “Vamos a gastar más de lo que ingresamos y estados y municipios pagarán los platos; por eso, estamos en contra de la Ley de Ingresos”.
El petista, Reginaldo Sandoval Flores, resaltó que en el tema de ingresos es obvio que no se ha movido nada, no han incrementado ni se ha creado un solo impuesto, y en términos reales no se ha incrementado nada y no se ha modificado la fórmula de distribución. En donde sí se ha modificado es en Egresos, pero ese no es tema a discusión. Hizo notar que se está bajando el déficit, la deuda es manejable y se estima que en 2025 la Federación percibirá un total de 9 billones 302 mil 15.8 millones de pesos.
El diputado priista Emilio Suárez Licona, resaltó que queda corto el esfuerzo para generar certeza económica ante un entorno de incertidumbre y riesgos externos y debilidades internas. Es una política de acoso, abuso y terrorismo en contra de los contribuyentes, porque se asume que los ingresos serán más del doble que la económica. Preguntó cómo se va a convalidar un aumento en la recaudación por impuestos al comercio exterior respecto a la Ley de Ingresos anterior. Es una señal de abusos que desincentivan la inversión extranjera directa y ponen en peligro nuestra permanencia en los tratados.
Por el mismo partido, Yerico Abramo Masso, indicó que el voto de su grupo parlamentario será en contra porque se está sobreestimando el crecimiento del país. Pemex se llevará el 75 por ciento de sus ingresos mientras que a la Federación solamente le dejarán el 25 por ciento. Es la peor distribución histórica de renta petrolera y eso le costará a las finanzas públicas. “Estamos a favor de los programas sociales, pero no del descuido en infraestructura educativa”.
Con el dictamen se busca actualizar diversos conceptos y cuotas para el pago de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio de la nación.
Modifica las cuotas por el acceso a las Áreas Naturales Protegidas, a fin de que los derechos reflejen un valor más cercano al impacto real que representa el uso de estos bienes de dominio público de la nación; exenta del pago de derechos a las personas que utilicen las telecomunicaciones para desempeñar actividades en materia de protección civil, con la finalidad de reconocer su participación durante situaciones de emergencia o desastres naturales como huracanes, inundaciones o temblores.
Determina que se exenta a los pueblos y comunidades afromexicanas del pago de derechos por diversos servicios en materia de telecomunicaciones; implementa medidas tendentes a promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Precisa que se dará certeza jurídica para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, actualizando el listado de los municipios contenidos en las zonas a que se refiera la Ley.
Realiza adecuaciones en materia de minería y agua y adecua y actualiza los rubros de servicios migratorios, en materia de inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, minería, telecomunicaciones, medio ambiente y recursos naturales, destino específico por servicios en materia de aeropuertos, zona federal marítimo terrestre, derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, y espacio aéreo mexicano.
Del PAN, el diputado Federico Döring Casar lamentó que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no haya tenido un diálogo con la Comisión de Hacienda y el Congreso de la Unión antes de remitir el Paquete Económico. “El mensaje del gobierno es que no le interesa el consenso y no está en la disposición de dialogar con quienes piensan distinto”.
Eva María Vásquez Hernández, diputada del PAN, argumentó que la Ley Federal de Derechos es una herramienta clave para la administración de recursos que son generados para actividades fundamentales en diversos sectores que son estratégicos para el país; sin embargo, consideró alarmante observar cómo la Administración Federal busca priorizar y ha priorizado destinar recursos a proyectos que no están generando beneficios directos a la ciudadanía, como los recursos del turismo que van a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como los montos para aeropuertos y migrantes.