<< La iniciativa presidencial reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna
<< Las reservas, adiciones o votos particulares se llevarán al Pleno de la Cámara de Diputados.
Con 31 votos 26 a favor de morena y aliados 5 en contra de PRI y MC, sin votos del PAN que abandonaron la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado morenista, Leonel Godoy Rangel aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, a fin de establecer que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de poseerla, deberán renunciar a ella previamente a solicitar su registro como candidatas o candidatos, en los términos que establezca la ley.
El dictamen que deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue aprobada por 26 votos a favor y cinco en contra.
Estipula que para desempeñarse como titular del Poder Ejecutivo se deberá ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.
En el caso de los cargos de gobernadora o gobernador y jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, se establece que en todo caso se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.
Además, quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política, así como las constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México, según sea el caso.
En sus transitorios, el dictamen plantea que estas adecuaciones normativas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028 y no incluye a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.
Asimismo, indica que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Godoy Rangel, informó que las reservas, adiciones o votos particulares se llevarán al Pleno de la Cámara de Diputados, y que el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para sus efectos de la programación legislativa.
Además rechazó que se pretenda violar derechos y sostuvo que la reforma no busca afectar a los migrantes. La secretaria petista de la comisión, por su parte, desestimó la moción de suspensión del PAN al argumentar que lo procedente era respetar el orden de la sesión: “No se trata de censura, sino de seguir el orden para el que todos estamos sujetos”.
El vocero de la bancada panista, Federico Döring, advirtió que la propuesta es ilegal y violatoria de los derechos políticos de al menos cuatro millones de mexicanos que podrían encontrarse en esa condición.
Desde el inicio de la reunión, Döring pidió suspender el procedimiento y lanzó una comparación: dijo que son 20 entidades federativas —entre ellas Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Morelos, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima— las que tienen menos población que los mexicanos con doble nacionalidad que viven en el extranjero, cuya aportación económica al país, señaló, se refleja también en alrededor de 1.2 billones de pesos en remesas.
El PRI también intentó detener el procedimiento. Alejandro Domínguez exigió suspender la discusión para abrir foros de parlamento abierto, escuchar todas las voces y revisar los cuestionamientos entregados formalmente por su bancada, reclamando que el oficio presentado en tiempo y forma ni siquiera había sido incorporado al dictamen. Cristina Márquez, del PAN, sumó otro reclamo: cuestionó que existan 300 iniciativas pendientes de votación en el Pleno mientras la Cámara, acusó, trabaja con una “prisa impresionante” para atender los “caprichos de la Presidenta”. Las propuestas para detener o ampliar la discusión fueron sometidas a votación y rechazadas por la mayoría.