Después de tres horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló, en sus términos, el dictamen de la minuta del Senado de la República que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Para tal efecto se modificaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Constitución.
El Pleno lo avaló, con mayoría calificada, en lo general, con 372 votos a favor, 75 en contra y cero abstenciones. Posteriormente en lo particular con 356 en pro, 84 en contra y cero abstenciones a las 15:40 horas, tras desechar tres reservas presentadas por el PRI y PES.
Lo turnó a los congresos locales para su análisis y eventual ratificación.
Las reformas precisan que los ciudadanos tienen derecho a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y regional.
Cuando sean de interés nacional se requerirá una participación de, al menos, el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. En caso de ser de trascendencia regional, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la Ley.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, verificar de los requisitos para solicitar dicha consulta, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
En el caso de ser solicitada por el Presidente de la República o por el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados o el Senado de la República, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, como ya lo prevé la Constitución.
El INE se encargará de promover la participación de la ciudadanía en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión; ésta deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de los ciudadanos; tendrá que promover la discusión informada y de reflexión.
Se agrega que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los tratados internacionales que haya firmado México, ni las garantías para su protección.
Tampoco la permanencia o continuidad en sus cargos de servidores públicos de elección popular; asimismo, el sistema financiero, ingresos, gastos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución.
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental –de cualquier orden de gobierno– en los medios de comunicación.
Se exceptuarán aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electores, relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Las consultas populares convocadas conforme a los términos antes expuestos se realizarán el primer domingo de agosto.
En materia de revocación de mandato, se estipulan los procesos para ejecutarlo y el derecho de los ciudadanos a participar en éste.
Serán sujetos del mismo, el Presidente de la República, las y los gobernadores de las entidades federativas y el jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México.
En el caso del titular del Ejecutivo Federal, será convocado por el INE a petición de la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a, por lo menos, 17 entidades federativas, que representen como mínimo tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
Se solicitará en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de su mandato.
Será realizado por medio de una votación libre, directa y secreta de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en la fecha no coincidente con las jornadas electores, federal o locales.
El INE recibirá la solicitud y dentro de los siguientes 30 días revisará los requisitos estipulados; emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso de revocación de mandato. Para que sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Dicho instituto tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y computo de la votación; y emitirá los resultados de los procesos.
Los resultados podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ésta estará encargada de realizar el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso emitirá la declaratoria de revocación.
Se prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y programas relacionados con los procesos de revocación de mandato.
Además, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde su convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Se determina que, en caso de revocar el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente, por no más de 30 días, la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión.
Posteriormente, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional del mandato revocado, en los términos del artículo 35 constitucional.
El proyecto de decreto plantea que, en caso de solicitarse la revocación del mandato del Presidente electo para el periodo 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre hasta el 15 de diciembre del año 2021.
La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del mismo año; 20 días después deberá emitirse la convocatoria y la jornada de votación será 60 días después.
Tratándose de entidades federativas, el proceso se plateará durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por aquellos ciudadanos que representen por lo menos el 10 por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa.
Las constituciones estatales establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.
Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Congreso de la Unión deberá expedir en los 180 días siguientes la ley reglamentaria de esta reforma.
La reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular fue aprobada el 14 de marzo de este año en la Cámara de Diputados, origen de la propuesta. Lo turnó al Senado, el cual lo avaló, con modificaciones, el pasado 15 de octubre de 2019; lo regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro para su ratificación.
La discusión del dictamen inició a las 12:28 horas con la fundamentación del documento en tribuna, que realizó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, legisladora de Morena.
Sobre estos temas, legisladores de Acción Nacional dijeron que no estaban de acuerdo en apoyar la Revocación de Mandato y Consulta Popular porque es un peldaño en el andamiaje autoritario en ruta a los modelos como Bolivia, Ecuador, Venezuela, con un tufo autoritario que provoca más miedo que confianza, más incertidumbre que entusiasmo y más inestabilidad para un país atrapado en la parálisis.
Así lo expresaron los diputados del Partido Acción Nacional, durante la discusión del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política.
El diputado Elías Lixa Abimerhi expuso las razones por las que el PAN está en contra de esta reforma constitucional.
Dijo que para llegar a la revocación de mandato es necesario que lo solicité el tres por ciento del padrón electoral, más de 2 millones 700 mil personas y en esta lógica, sería algo parecido a crear más de 11 partidos políticos nuevos o tres veces más la gente que votó en la “encuesta patito” para cancelar el Aeropuerto de Texcoco.
Una vez reunidos los 2 millones 700 mil firmas, habría que validarlas con el voto del 40 por ciento del padrón, es decir, 36 millones de mexicanos. Y si se lograra tal requisito, el Congreso es quien nombraría al que sería el siguiente Presidente, no necesariamente por la vía democrática.
Y, por último, no hay claridad si habrá disponibilidad presupuestal en el Instituto Nacional Electoral para que haga la consulta.
El diputado Marcos Aguilar Vega aseguró en su intervención que el PAN apoyaría la figura si se aplicara para un próximo mandato, para que fuera imparcial y legislar con un propósito general y anónimo.
En cambio, dijo, “está hecha al servicio de su partido y de su gobernante, sólo para su conveniencia y en el camino contaminaron la figura y el instrumento por su descarado interés de manipulación política, no hay instrumentos neutrales en el proyecto de Morena”, precisó.
“La revocación der Mandato, su plebiscito revocatorio es un peldaño más de su andamiaje autoritario en ruta alineado de los modelos como Bolivia, Ecuador, Venezuela”, aseguró Aguilar Vega al destacar que en los tiempos de un gobierno con un tufo autoritario provoca más miedo que confianza, más incertidumbre que entusiasmo, más inestabilidad para un país atrapado en la parálisis de la desconfianza.
“No creemos en este gobierno porque no quiere el bienestar y la salud de millones de mexicanos, por eso vamos a votar en contra porque no confiamos en lo que proponen en la forma en que proponen y lo que quieren para México”, aclaró.
El diputado Ricardo Villarreal García exigió desde la tribuna que sea la revocación obligatoria, para que gane quien gane por los votos que sean.
“Y si en un país fallido como este, sumido en la delincuencia, en la crisis económica, en donde no hay empleos y no se genera ningún crecimiento económico, los mexicanos con razón votan por quitar al presidente, que se vaya, así voten 2 millones, 5, 10 o 25. La mayoría decide en cualquier instrumento democrático”, subrayó.
“No le saquen, hagan consultas reales y hagan revocaciones de verdad. Esto es una mera simulación”, expuso.
En su turno, el diputado Jorge Luis Preciado consideró que lo que se pretende hacer es para que nada cambie.
“Estamos modificando la Constitución para que no pase absolutamente nada, y creo que, si se viene aquí a decir que se le está dando al pueblo de México una herramienta democrática, no hay nada más alejado”, dijo.
Señaló que es la implementación de un sistema autoritario que está atentando lentamente y probando al pueblo de México a ver hasta a dónde puede resistir. “Lo hacen en Baja California, lo hacen con la reforma a la consulta popular, lo hacen con la revocación de mandato y, por supuesto, sí nos preocupa el tema de la reelección”, puntualizó.