El Plenio de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, que estima recursos por 6 billones 103 mil 317.4 millones de pesos (mdp), monto mayor en 6 mil 981.6 mdp a lo previsto inicialmente.
El documento recibió 258 a favor, 104 en contra y dos abstenciones, a las 18:40 horas, y se procedió a su discusión en lo particular.
Del total de los ingresos calculados, 3 billones 505 mil 822.4 mdp corresponden a impuestos; 1 billón 65 mil 166 mdp a ventas de bienes y prestación de servicios del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE; 584 mil 456.8 mdp a financiamientos (endeudamiento interno y déficit de empresas productivas del Estado); 412 mil 797.7 mdp a transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y 374 mil 3.2 mdp a cuotas de seguridad social.
El resto atañe a contribuciones de mejoras por obras públicas (44.8 mdp); a derechos por prestación de servicios y por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (52 mil 256.8 mdp), a productos derivados del uso o enajenación de bienes no sujetos al régimen de domino público y por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público (10 mil 95.3 mdp) y a aprovechamientos y otros (98 mil 674.4 mdp).
El dictamen proyecta un superávit primario de 0.7 por ciento; el precio del barril del petróleo en 49 dólares y el tipo de cambio en 20 pesos por dólar.
El dictamen fue fundamentado, en tribuna, por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La legisladora dijo que se modifican los estímulos fiscales establecidos en el artículo 16, apartado A, relativos a diésel y biodiésel que utilizan las empresas en maquinarias, así como el estímulo de 50 por ciento del pago de cuotas de peaje pagadas en la red nacional de autopistas, aplicable al transporte de carga, turístico y de pasajeros, para que únicamente apliquen a empresas con ingresos brutos totales anuales menores a 60 millones de pesos.
“Esto devuelve a los estímulos su sentido original de promover la formalidad entre las empresas de menor tamaño y vuelve más equitativa la estructura tributaria. Esta modificación estima ingresos adicionales netos de alrededor de 6 mil 396.6 millones de pesos”, sostuvo.
Se elimina la referencia referida incluida en el artículo Noveno Transitorio, mediante la cual se pretendía permitir la aplicación de adeudos con el ISSSTE contra participaciones federales de las entidades federativas y municipios, sin que estuvieran condicionadas a la suscripción o actualización de convenio alguno entre entidades federativas y municipios con el ISSSTE.
Se agrega un artículo Decimocuarto Transitorio, mediante el cual se permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la posibilidad de implementar un esquema de regularización de la cartera vencida por consumo de energía eléctrica.
Se autoriza al Ejecutivo federal para contraer un monto de endeudamiento neto interno por el orden de 532 mdp y un endeudamiento externo neto de 5 mil 300 millones de dólares.
Asimismo, el monto de endeudamiento de la Ciudad de México aprobado fue de 4 mil millones de pesos para el financiamiento contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio de 2020.
Se mantiene la obligación de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los informes trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que en su caso se hayan generado con respecto al calendario de ingresos, derivado de la Ley de Ingresos de la Federación presentando la comparación de los ingresos propios de las entidades.
Sobre este tema, el diputado morenista, Pablo Gómez Álvarez puntualizó que la idea de no mover tasas fiscales, ni crear nuevos impuestos es esencialmente una necesidad política del momento actual. Dijo que hasta ahora se ha logrado una estabilidad cambiaria en el marco de una relativa reducción en las tasas de interés que “nos permite hacer lo que queremos con las limitaciones de la situación, que es, empezar a convertir la política social y económica en una sola cosa”.
Resaltó que los programas sociales están pensados para generar un impacto económico, en estas circunstancias, el gobierno plantea hacer un esfuerzo de eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción, austeridad republicana, que no es gastar menos, sino gastar más, pero bien y mejor.
Por el PAN, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada señaló que “es de lamentarse que esta Ley de Ingresos esté tan repleta de irresponsabilidad financiera”. Consideró que “aprobar una expectativa de ingresos que no es realista los obligará a que el día de mañana la realidad los alcance y tengan que recortar el gasto”.
Anunció que su grupo parlamentario votaría en contra de la contracción de deuda en pesos “que, sin duda, condicionará el comportamiento del déficit público; también porque Morena y el gobierno utilizan los incrementos o reducciones de ingresos a partir de su política de recaudación de impuestos tales como el ISR, el IVA y el IEPS”
El diputado priista, Fernando Galindo Favela manifestó su preocupación por que algunos de los criterios y variables macroeconómicas traen un sesgo en el optimismo sobre la tasa de crecimiento y de la plataforma petrolera. “El problema es que el optimismo nos lleva a sobreestimar los ingresos del gobierno federal para el próximo año, y si no los alcanzamos, tendremos que ajustar el gasto, incrementar la deuda pública y el uso de estabilización de los ingresos presupuestarios”.
Advirtió que el uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, no es correcto, representa un endeudamiento por la puerta trasera. Necesitamos medidas para detonar la inversión, que de mayores ingresos al gobierno federal a las asociaciones público privadas, que se incluyan incentivos a la iniciativa privada, para que tengan mayor inversión, e incluir reformas que mejoren las condiciones de las familias mexicanas.
Por MC, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla advirtió que la Ley de Ingresos “tiene un problema en el cálculo, porque algunos de sus rubros están sobreestimados y será muy difícil que se cumplan a cabalidad con las expectativas planteadas”. Además, su estructura es la misma que se presentó hace tres o cuatro años. Es insuficiente con una política estrictamente recaudatoria y falta de estímulos que abona al mayor centralismo y falta de federalismo.
México continuará en una carencia crónica de recursos que reproduce desigualdades. El IVA, ISR y IEPS tienen profundos problemas de falta de proporcionalidad y gradualidad. Afirmó que las expectativas de ingresos no en todos los casos tienen las condiciones para cumplirse y “va a generar un problema, porque entre 70 y 80 por ciento de los ingresos de los estados provienen de las participaciones y gasto federalizado”, por la disminución del impuesto sobre extracción de hidrocarburos y la eliminación del fondo minero.
Por el PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez expresó que la Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión tiene muchos desatinos e incertidumbre, por lo que es imposible contar con una opinión segura y positiva. Además, son desafortunadas las ocurrencias presentadas en la Miscelánea Fiscal que no hay precedentes y, por ello, “no nos extrañan los múltiples y variados reclamos de organismos empresariales, emprendedores, académicos, juristas, defensores de derechos humanos, contribuyentes, fiscalistas y penalistas”.
Indicó que al igual que el año pasado, en apariencia se muestra un presupuesto responsable con un déficit público moderado, pero en sus criterios de política económica se presentan supuestos ajenos a la realidad, como es la inalcanzable meta establecida de extracción petrolera de mil 951 barriles de petróleo diarios. “Es irreal el plan de negocios de Pemex. No deseamos un infausto futuro para las finanzas públicas del país, pero el gobierno no hace lo necesario para tener resultados positivos, si no se rectifica el rumbo, no esperemos milagros”.
Al hablar en contra, el diputado panista, Luis Alberto Mendoza Acevedo expresó que el gobierno no entiende que están haciendo mal las cosas, lo más grave es que no hay intención de corregir la Ley de Ingresos, porque no hay cambios sustanciales. “Lo único que se confirma es que vivimos una etapa de presidencialismo y que para el Ejecutivo es más importante su necedad, que solucionar los problemas de la economía de los mexicanos; buscaremos corregir los graves errores de estimación previstos”.
Paola Tenorio Adame, diputada de Morena, subrayó que el documento es responsable, coherente y tiene vocación social, dado que tomó en cuenta los determinantes macroeconómicos; respeta el compromiso de la Cuarta Transformación para no incrementar ni crear nuevos impuestos, y amplía el espacio social para financiar proyectos y programas en pro del bienestar social, pero sin causar desequilibrios en las finanzas públicas. “Se establece el andamiaje jurídico para que todas y todos cumplamos con las contribuciones que nos corresponden”.
Al hablar en contra, el diputado del PRI, Eduardo Zarzosa Sánchez advirtió que esta ley debe ser coherente con la realidad, consistente y contribuir a la estabilidad económica; sin embargo, la propuesta presentada no coincide con las necesidades actuales. “Los datos del gobierno federal contrastan con los resultados, la economía está estancada por falta de inversiones, no hay datos halagadores. No hay rumbo claro y nadie pronostica un crecimiento de 2 por ciento al año”.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) indicó que su voto sería en contra, toda vez que esta sobreestimado el presupuesto, invitó a los diputados a analizar las naciones que han implantado medidas de austeridad, las cuales no han logrado un crecimiento mayor al uno por ciento y no han combatido el déficit, por lo que es necesario una política de incentivos para que se genere inversión.