>> Modificar la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, plantea diputada María Ascención Álvarez Solís.
>> Vital atender la problemática de vulnerabilidad laboral y económica que presentan las personas adultas mayores con el propósito de mejorar sus condiciones laborales y sus ingresos, señala.
En razón de que en los últimos años ha crecido el número de adultos mayores en situación de calle y en abandono que no cuentan con vivienda, y que muchos de ellos no tienen documentos que acrediten su identidad la diputada federal de Movimiento Ciudadano, María Ascención Álvarez Solís, propone modificar la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Lo anterior para garantizarles asistencia social. Además, propone que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia establezca la coordinación con las autoridades de lo civil, en las entidades federativas, para facilitar la búsqueda y obtención de la información que permita acreditar o restablecer la identidad de las personas adultas mayores.
Álvarez Solís expone que datos aislados señalan que en México 16 por ciento de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato, de ellos, 20 por ciento vive en soledad y olvidados, no sólo por el gobierno, también por sus familias, y para 2025 se prevé que existan unos 14 millones de personas en estas condiciones, por lo que es urgente diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas.
Las entidades con mayor presencia de alojamientos de asistencia social son Jalisco, México, Ciudad de México y Baja California, mientras que Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Tlaxcala tienen menos 100 alojamientos cada uno.
Destacó que otro problema más que enfrentan es el de no contar con documentos que acrediten su identidad, pese a que la Carta Magna señala el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.
Esta población también enfrenta dificultades en el mercado laboral debido a que es muy difícil que puedan acceder a un empleo de calidad o un retiro digno. Tal situación se agudiza cuando sus espacios de trabajo son insalubres y no están acondicionados para su libre desempeño.
El documento, enviado a las comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, relata que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el segundo trimestre de 2022 en México residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), que representan 14 por ciento de la población total de México.
Mientras que un estudio elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, denominado “Personas en situación de calle”, hace mención que las poblaciones que viven en exclusión social no cuentan con documentos de identidad como son acta de nacimiento, credencial para votar ni comprobante de domicilio, documentos que son indispensables para garantizar el derecho de cualquier persona a la identidad y que, a su vez, son el medio para acceder a otros derechos, como la salud, la justicia, el empleo, entre otros.
Ante esa situación, resulta indispensable llevar a cabo una reforma a la Ley de Asistencia social para que se consideren como sujetos de asistencia social preferente, lo que ayudará a armonizar el marco jurídico nacional en relación a la asistencia social con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Por ello, la legisladora considera vital atender la problemática de vulnerabilidad laboral y económica que presentan las personas adultas mayores con el propósito de mejorar sus condiciones laborales y sus ingresos.