La Coalición 33 Circuitos del Poder Judicial de la Federación anunció que los más de 40 mil trabajadores de base y operativos (secretarios, actuarios y oficiales judiciales) que laboran en juzgados y tribunales federales mantendrán su paro de actividades y asumirán “las consecuencias que ello genere”, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha señalado si aprobará una nueva prórroga de suspensión de labores.
Los trabajadores que forman parte de diversas organizaciones gremiales y que se manifiestan frente a la sede del CJF, rechazaron las medidas que ha asumido el Pleno de la Judicatura al haber aprobado la entrega de las listas de plazas vacantes y en proceso de jubilación de jueces y magistrados, con lo cual continúa el desarrollo de la reforma judicial, y también el proceso de elección mediante voto popular de los titulares de los juzgados y tribunales.
Los opositores a la reforma judicial señalaron que desde su perspectiva, la Judicatura los dejó en “desventaja” al incurrir en desacato a las suspensiones que dos jueces –uno en Monterrey, Nuevo León, y otro en Zapopan, Jalisco) otorgaron para que no se entregaran las listas de plazas vacantes, ya que con ello se incurrió en cuestiones “graves” para el derecho.
Asimismo, explicaron que la Judicatura ha incumplido también sus acuerdos con los trabajadores, ya que integrantes de la Coalición de 32 circuitos Unidos, recibieron el pasado 9 de octubre de 2024, de parte de la Secretaría Ejecutiva de Pleno del CJF, la circular 21/ 2024 que “recoge alguno de los planteamientos expuestos” por los inconformes, pero solamente contiene “el reconocimiento de esas violaciones, pero ninguna solución para nosotros”.
Jorge Alejandro Pérez Luna, quien fungió como vocero en este caso, que “por lo tanto en un análisis profundo y en un acto de congruencia con la visión de este colectivo que aglutina a más de 50 mil personas trabajadoras del Poder Judicial, Federal, no han cambiado las condiciones que orillaron a la suspensión de labores”.
Y anunció que el paro que inició el pasado 19 de agosto se extenderá “de manera indefinida hasta que tanto existan verdades las garantías para regresar a laborar con regularidad”.
Con información del periódico La Jornada