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Por Adriana Noriega R.

 

La Comisión de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que “la tortura más allá de la frecuencia con que se presente o de lo extendido de este fenómeno en México, la autoridad debe garantizar que cada caso que ocurra será investigado y sancionado”.

 

Esta Comisión Nacional señaló la necesidad de que “el Estado mexicano atienda las recomendaciones en la materia, emitidas por organismos internacionales, así como que en nuestro país no se repitan hechos como los ocurridos en Tlatlaya e Iguala”.

 

En un comunicado explicó el organismo que “es un flagelo inadmisible, indignante y representa un serio retroceso en el Estado de Derecho”,  y en ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura que se conmemora este viernes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que “la prohibición de ese fenómeno está universalmente reconocida y consta en diversos instrumentos internacionales, además de ser un principio ampliamente aceptado en el derecho internacional”.

Llamó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  a la sociedad y autoridades a establecer un frente común de combate a la tortura y fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos fundamentales.

 

Así mismo,  la  CNDH manifestó su solidaridad con las víctimas de este flagelo y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes,  y exhortó a las  autoridades y sociedad a reflexionar conjuntamente sobre todas aquellas medidas tendentes a prevenir y erradicar esa práctica nociva.

 

La tortura es una de las más graves violaciones de derechos humanos, por lo que representa e impone graves costos a millones de personas y sus familias en el mundo, mediante daños físicos y secuelas psicológicas y emocionales que suelen ser aún más destructivas e imposibles de superar.

 

Las víctimas de tortura tienen necesidades urgentes y específicas, como tratamiento médico, ayuda jurídica y psicológica, o un medio de transporte para trasladarse a un lugar seguro, lo que se les debe proporcionar de inmediato, ya que en su mayoría no tienen acceso a centros especializados, especialmente por carecer de medios económicos.