NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Las instituciones autónomas del Estado siempre han sido una piedra en el zapato de López Obrador, a las que llama burocracias caras e inútiles. Pero la nueva tentativa de sacarlas o ponerlas bajo su control es una jugada de alto riesgo y difícil de ganar porque requiere una reforma constitucional para borrarlas del mapa. Su propuesta descansa en el cálculo de que la popularidad y el desencanto con gobiernos anteriores aguantan para barrer órganos constitucionales sin que la equivocación le pase factura, con la justificación de la lucha contra el statu quo. Sin embargo, los excesos, como en el pasado, también erosionan y abren fallas en el funcionamiento de su propio gobierno.
La primera reunión con su gabinete de 2021 la dedicó al análisis para desaparecer algunos órganos autónomos como el Inai o el IFT, dentro de la política de austeridad, que se profundizó con la pandemia. La propuesta no es nueva, la carga para insistir en su extinción es la misma que ha usado para descalificarlos como prescindibles y adosados al “neoliberalismo” del pasado. Pero el resultado de otro ajuste presupuestal dejaría un mayor debilitamiento en las capacidades y eficacia del Estado para garantizar derechos como el acceso a la información pública, monopolios en telecomunicaciones y derechos humanos y políticos.
El gobierno busca dinero de donde pueda para tapar el déficit de 2021, pero no es sólo un asunto de ahorro si los autónomos apenas representan el 2% del gasto total y mantenerlos centralizados también costaría. La motivación de fondo es creer que sólo sirven para defender privilegios e intereses económicos en una narrativa acorde con su intención de reducir su poder o aumentar el de la Presidencia como el único garante de derechos. Aunque los autónomos, en efecto, han tenido fallas y se han expuesto a la penetración de los partidos, su desaparición sin alternativas de contrapeso que los remplace sólo conduciría a dejar a la ciudadanía al arbitrio del poder más que atacar las distorsiones de instituciones creadas en los últimos años de democracia.
La iniciativa es poco probable que avance antes de las elecciones porque necesitaría de la oposición para alcanzar la mayoría absoluta de una reforma constitucional y de la mitad de los congresos estatales. No obstante, sorprende la ausencia de voces al interior del gobierno que alerten de los límites de los recortes presupuestales y los severos castigos que puede acarrear la desactivación de mecanismos anticorrupción o antimonopolios en contra, por ejemplo, de regulaciones del T-MEC. Los órganos autónomos son también defensas de un Estado moderno y complejo que necesita contrapesos para dar certidumbre a los derechos y enfrentar litigios por abusos de poder. Ni siquiera los que antes defendieron la importancia de los autónomos hoy en su gabinete elevan la voz frente a la iniciativa, a diferencia, por ejemplo, de la reforma del Banxico, con los cuestionamientos de cercanos a su círculo en la Junta de Gobierno, como Jonathan Heath o Gerardo Esquivel.
La visión del Presidente es la misma con que vetó como jefe de Gobierno la Ley de Transparencia en la capital a principios del siglo, a pesar del papel del Inai en la revelación de la Estafa Maestra o los fideicomisos, o del IFT en la apertura en telecomunicaciones antes de su administración. Mantiene la idea de que son simulaciones, cuando no órganos que debilitaron al viejo poder presidencial al quitarle funciones que antes concentraba. Ahí la parte más peligrosa para la democracia, creer que el triunfo en 2018 y su alta popularidad son suficientes para regresarlas al gobierno central. La democratización tuvo como piedra angular la creación de órganos autónomos especializados no sólo para cumplir funciones para las que el viejo Estado autoritario carecía de credibilidad, sino también porque el hiperpresidencialismo se habían vuelto un obstáculo para el desarrollo del país.
La discusión servirá de todas maneras para la confrontación política en la batalla electoral de 2021, para endilgar a la oposición la defensa de la corrupción y el derroche del pasado, aunque se resista a dar a Morena los votos en el Senado para su iniciativa. Éste, nuevamente, será un pulso de la popularidad del Presidente con los límites de su gobierno para borrar instituciones del pasado, pero sin ofrecer alternativas para proteger derechos más que la voluntad y honestidad del Presidente.