Tras el decreto del gobierno para incluir al Ejército y la Marina en tareas de Seguridad Pública, ha habido muchas críticas al respecto de la Guardia Nacional (GN), creada en 2019 como un cuerpo que controlaría la violencia en el país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que requiere el apoyo de las fuerzas armadas, pues la GN aún se encuentra consolidándose.
El argumento para justificar la salida de los militares se sustentó en que el despliegue a nivel territorial no se encuentra terminado.
Este acuerdo tiene vigencia hasta 2024 y, a diferencia de las administraciones pasadas, esta regula la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas que competerán. Aseguraron que esto se realiza en los marcos constitucionales y lo establecido por la Corte Interamericana.
“Reafirma la obligación de observar la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en materia de seguridad pública”, aseguró la SSPC.
Sin embargo, durante los próximos cinco años estará permitida la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), asegura que las funciones militares estarán bajo vigilancia de un organismo control y los costos de despliegue serán cubiertos por el presupuesto aprobado para la dependencia en este y los próximos ejercicios fiscales correspondientes.
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