So pretexto de que aun analizan la petición para entrevistar a militares del 27 Batallón, las autoridades gubernamentales no responden y en cambio, aplican prácticas dilatorias, acusaron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su cuarto informe sobre el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reportaron que hay un avance completo del 30 por ciento, y parcial del 24% de las diligencias adicionales solicitadas, entre las que se encuentran entrevistarse con los castrenses.
«Nosotros tenemos la facultad de solicitar ampliaciones de entrevistas y, por ello, pedimos hablar con integrantes del 27 batallón», señalaron.
Aunque los sobrevivientes del ataque señalan la participación de miembros del Ejército, los expertos buscarán esa información con otras personas pues, “la solidez de nuestras informaciones no se ven dañadas, porque hay otras fuentes de información”, dijo Francisco Cox, uno de los integrantes del grupo.
En la conferencia de prensa agregaron que, hasta el momento, 40 detenidos presuntamente relacionados con la desaparición de los estudiantes denunciaron que fueron torturados durante la detención, el traslado y en la estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por lo que los jueces deben tomarlo en cuenta para la investigación.
Como parte de las investigaciones con los detenidos, el GIEI entrevistó a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la última semana de mayo, pero los expertos evitaron dar a conocer detalles de las conversaciones.
Otro de los avances, reconoció Ángela Buitrago, es que la procuradora Arely Gómez aceptó tener un encuentro con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Aunque no hay una fecha concreta, es una buena noticia que se restablezca el diálogo con la titular de la PGR, afirmó la experta.
Sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, los expertos señalaron que los estudiantes no “planificaron previamente” la visita al centro de Iguala, pues solo habían acordado salir a botear para obtener dinero y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre. “La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano”, informaron los expertos.
Además el grupo informó que durante el mes pasado se hicieron diversas diligencias en los establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero.
También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría.