Ayotzinapa está a punto de dar vuelta a la página a otro sexenio con lecturas de signos oprobiosos. El caso queda en entredicho por el respaldo del poder presidencial a estrategias jurídicas de indiciados castrenses involucrados en el crimen, porque debilita las garantías institucionales para avanzar en la investigación, después de haberse estrellado antes en la muralla de silencio del Ejército en el proceso.
Las víctimas llegan a este punto con profunda decepción y frustración sobre el hallazgo de los 43 estudiantes desparecidos. Ni la verdad ni la justicia llegan después de una década de promesas incumplidas, como le reclaman al Presidente en la víspera de concluir su mandato. Ayotzinapa es una mancha en su gobierno y también una herencia envenenada para su sucesora, Claudia Sheinbaum, porque no pudo resolverse, ni darle “carpetazo”, como intentó, para cerrarlo antes de irse.
Este crimen es un agravio que suma años de afrentas en los vacíos del sistema de justicia y el socavamiento de otros esfuerzos institucionales para subsanar sus inconsistencias como la Comisión de la Verdad. La mayor decepción es la persistencia del silencio y la desconfianza de la indagatoria que ocasionó frenar la actuación de esta Comisión; y después permitirse su desprestigio al dejar que la empujen a la “pena del banquillo”, como se designa al asiento en que se coloca a un acusado en un juicio. Ese es el contexto del reciente citatorio a Alejandro Encinas a una diligencia judicial por su actuación cuando ocupó la presidencia de la Comisión, así fuera como testigo, ya que sienta un precedente grave sobre el respeto a las garantías que necesitan esta clase de instancias para contribuir al esclarecimiento de crímenes y violaciones a los derechos humanos cuando no pueden hacerlo los fiscales. Porque abre la puerta a los indiciados a tratar de poner a sus acusadores en el banquillo dentro de la estrategia de la defensa de los militares acusados por la desaparición de los estudiantes.
El propósito de la audiencia solicitada por la defensa de ellos, como escribió el propio Encinas, es que se “autoincrimine” con declaraciones para vincularlo a las quejas que presentaron en su contra ante la FGR por informes de la Comisión. Lo más preocupante es que la maniobra parece, al menos, una forma de desacreditar el trabajo y la credibilidad de un mecanismo que tuvo avances en el esclarecimiento de lo que llegó a calificar como “crimen de Estado”, aunque nunca logro superar el silencio del Ejército sobre su responsabilidad en el caso y abrir sus archivos como reclaman las víctimas.
Los militares implicados en el caso Iguala acusaron a Encinas en 2022 ante la FGR por el delito de falsificación de pruebas cuando todavía ocupaba la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación. Realmente es una denuncia inusual entre dependencias bajo el mismo mando del Presidente; y porque las comisiones de la verdad no son autoridades judiciales ni ejercen acción penal, se limitan a investigar y dar recomendaciones para destrabar casos que la justicia no ha podido resolver de graves violaciones a derechos humanos.
Sobre todo, la comparecencia da cuenta del empoderamiento de los militares. Sus tribunales no tienen jurisdicción sobre personas civiles, pero con el citatorio mandan el mensaje de que pueden ejercerla sobre cualquier ciudadano. Una pretensión que el Presidente refuerza al avalar el litigio al que los militares someten a su excolaborador. Así, lejos de resolverse, la investigación de Ayotzinapa pervive entre signos muy inquietantes para las garantías institucionales frente al crecimiento del poder del Ejército. Por eso, las víctimas despiden a López Obrador con el reclamo de que la investigación ésta entrampada porque no quiere tocar a los militares; y la defensa del Presidente, como en su última carta, de que “no se les ha probado” su implicación en la masacre. Y el ciudadano común pensará que cualquiera podría ser llamado a los tribunales militares si ya pasó con Encinas.
Menudo pendiente recibirá el próximo gobierno de Sheinbaum, que es visto por padres y familiares como clavo ardiente de sus últimas esperanzas de alcanzar verdad y justicia para los hijos que se tragó la tierra, la noche del 26 de septiembre de 2014 y nunca volvieron a saber más de ellos.
