Número cero/ EXCELSIOR
La movilización popular vuelve a despuntar en un país tundido por la violencia, de la que sólo se salva la alta política que señala de encubrirla, como a Peña Nieto en el caso Iguala: causas abiertas desde Ayotzinapa hasta Comalapa en expedientes tergiversados por las autoridades en los que desaparece la promesa de verdad y pacificación como trajo el gobierno de López Obrador y concluirá sin cumplir.
Del segundo informe de Ayotzinapa se omiten documentos del Ejército que exigen las familias, en una negación que sirve de modelo a la expansión de la violencia en otros estados cuando igualmente involucra a autoridades civiles o militares. Por eso las comunidades se preguntan si están solas, como en Chiapas, descompuesto por una guerra de carteles, igual que Guerrero desde hace nueve años del crimen. Si la decisión de Estado fue encubrirlo ¿los pueblos solos podrán desactivar la violencia?
El hartazgo reactiva las marchas por la paz, que podrían derivar en otras expresiones si persiste la idea de que las autoridades no oyen sus reclamos. Pareciera que con la esperanza de la paz se esfumó también la escucha del gobierno. Ése es el callejón sin salida del caso Iguala, cuando las familias reactivan la movilización en la CDMX en el 9º aniversario y reclaman al gobierno “ponerse del lado de los militares”. Igual que la autodefensa de productores agrícolas por la extorsión del crimen en el laberinto michoacano o el plagio de la alcaldesa de Cotija; o las marchas por la paz en San Cristóbal y Siltepec en Chiapas. Y vienen fechas claves para la movilización social en octubre, que pueden articular grupos y demandas contra la inseguridad en el contexto, además, de la campaña presidencial.
Por eso Ayotzinapa es clave. Al Presidente le explotó en las manos cuando trató de salir al paso con un informe que no respondía al reclamo de entregar documentos que, según los padres y el GIEI, guarda el Ejército con información para desentrañar la verdad sobre el paradero de los estudiantes y abrir paso a la justicia. El apoyo popular que volvió a demostrarse en la marcha es indicativo del significado de resolver el caso para mover la vía en punto muerto en el combate al crimen en otros estados antes de que deriven en confrontación civil.
La ruptura del diálogo con la acusación de volver a la narrativa de la “verdad histórica” de Peña Nieto es un retroceso en la relación con las víctimas de Ayotzinapa. Puede convertirse en un símbolo de la incapacidad del gobierno y del fracaso de su estrategia “abrazos y no balazos” para pacificar al país. Pero sobre todo, una poderosa señal de la falta de voluntad para deshacer las redes de macrocriminalidad por preservar al Ejército de responsabilidad en el caso Iguala.
El gobierno es claro que no tiene el monopolio de la violencia, a pesar de que el pilar de su estrategia de seguridad fue crear una Guardia Nacional militarizada para recuperarlo. Prueba de ello es que estados con más efectivos, como Jalisco o Chiapas, son también los que más violencia experimentan.
A pesar de ello, López Obrador había encendido la esperanza de que las instituciones podrían fortalecerse si rompía con el “pacto de impunidad” de gobiernos pasados como en Ayotzinapa. Eso es lo que ahora se resquebraja y la consecuencia es que la impunidad se repita en otros estados que resuman muertes de jóvenes como en Zacatecas o Jalisco. “Si nos creen o no, vamos a seguir investigando”, dijo el Presidente con una credibilidad maltrecha respecto a su promesa de pacificación; lo que indica que el Estado no sólo pierde el control de territorios, sino también la confianza en esta investigación, pues incluso, se le ha acusado de pretender dinamitarla.
Ayotzinapa es un golpe duro a su credibilidad no sólo por las dudas de querer enfrentar a los cárteles, sino de no estar dispuesto a hacer lo necesario para desmontar redes de criminalidad, violencia y corrupción que cortan a Ayotzinapa o a Chiapas y otros estados con tijera del mismo paño.
Y el segundo informe de Encinas ayuda poco a recuperar el camino, aunque antes haya avanzado en reconocer que fue un crimen de Estado y descalificar la “verdad histórica” de Peña Nieto. Parece que, como acusa el exfiscal especial de Ayotzinapa Omar Gómez Trejo, con el Ejército ha topado.