NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La investigación de Ayotzinapa a lo largo de dos sexenios se parece a los cierres fundidos en que la imagen cinematográfica desaparece gradualmente hasta la total oscuridad. Pero en este caso, la negrura y opacidad no impiden percibir las sombras del crimen organizado y sus complicidades con autoridades de dos gobiernos responsables de que la verdad y la justicia nunca hayan visto la luz.
En el décimo aniversario del caso Iguala, el legado de López Obrador es una cortinilla casi de negros en la que se pierde cualquier avance. Su gobierno refutó la verdad histórica con que antes Peña Nieto trató de darle carpetazo y acusó a sus creadores como los malos de la película con el encarcelamiento de su exfiscal Murillo Karam; un acomodo de versiones o de verdades alternas que incluyó el reconocimiento de “crimen de Estado”, pero todos los esfuerzos se frustraron de la mano, precisamente, de los responsables del Estado en esclarecerlo.
El impulso a la investigación del inicio del sexenio se congeló en la FGR y luego fue bloqueado por el Ejército, al que el Presidente exime de toda responsabilidad aduciendo falta de pruebas, aunque las denuncias de testigos protegidos y las víctimas apunten hacia ellos. Los únicos ilesos de este fracaso son el fiscal Gertz con el premio de permanecer en el cargo, sin importar la incapacidad para resolver un caso que avergüenza al país, y los militares porque su implicación tampoco cambió un ápice la evolución de un gobierno que arrancó con la promesa de regresarlos a los cuarteles y concluye aprobando el traspaso de la GN a las Fuerzas Armadas.
La historia de la noche de Iguala termina, igual que el sexenio pasado, en un océano de preguntas sin respuesta, en deuda con las víctimas, y la descalificación de sus abogados y testigos protegidos acusados de entorpecer a la justicia. El espectro de tinieblas de los extravíos de la investigación es tan sobrecogedor como la misma turbación por la matanza de los 43 estudiantes, nunca encontrados, salvo pequeños fragmentos de huesos de tres de ellos.
Las irregularidades han sido una constante desde su desaparición el 26 de septiembre de 2014 hasta el cierre de López Obrador, cuando se hallaron otros restos humanos en el basurero de Cocula, donde la verdad histórica de Peña Nieto ubicó la macabra historia de su incineración; junto con la reaprehensión de Gildardo López Astudillo, El Gil, cuya colaboración con la FGR y el GIEI fue clave para apuntar al Ejército y abrir líneas de investigación contra oficiales y jefes militares antes de perder el respaldo de sus valedores.
El caso se difuminó con la salida del fiscal especial del caso en la FGR en 2023, Omar Gómez Trejo, por oponerse a acelerar la orden de aprehensión de Murillo Karam y a la cancelación de órdenes de arresto contra 16 militares acusados de crimen organizado, entre ellos Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Iguala, en el momento del ataque contra los normalistas.
El mayor agravio es la persistencia del silencio de los militares y la desconfianza de la indagatoria que ocasionó limitar la actuación de la Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, a pesar de que la creó el gobierno, y después, rebajarla dejando que los mismos militares acusados la trataran de poner en el banquillo de los acusados.
El caso Ayotzinapa da vuelta a la página a otro sexenio con lecturas de signos oprobiosos. La búsqueda de la verdad y justicia queda en entredicho por el respaldo a estrategias jurídicas de presuntos responsables castrenses que debilitan las garantías institucionales para avanzar en la investigación después de que se estrellara en la muralla que rodea el expediente militar en el proceso. Las víctimas despiden otro sexenio en medio de decepción, protestas y alertas sobre el peligro de la militarización. Ni la verdad ni la justicia llegan después de una década de promesas incumplidas, como reclaman al Presidente. Ayotzinapa es una mancha de su gobierno y sucia herencia para su sucesora, porque no pudo resolverlo ni darle “carpetazo” como intentó antes de irse. Un gran pendiente recibirá el gobierno de Sheinbaum, que es visto por padres y familiares como clavo ardiente de sus esperanzas para conocer el destino de los hijos que un día se tragó la tierra y nunca volvieron a saber de ellos.