Estira y afloja
Al igual que Israel Valquiarena, muchos ex trabajadores de Grupo Famsa están preocupados porque no han recibido sus liquidaciones. El próximo martes, en el Fiesta Americana Monterrey Pabellón M, se reunirán en segunda convocatoria los accionistas de la empresa en asamblea extraordinaria a las 12 horas.
El tema principal, destacó Alberto R. Gómez, presidente de la empresa, es la propuesta y en su caso aprobación de la “disolución de la sociedad e inicio de la liquidación, así como el nombramiento del liquidador sujeto a condición suspensiva, consistente en que el juez del concurso mercantil dicte la sentencia de quiebra” de Grupo Famsa. Es el siguiente paso para definir incluso el pago del pasivo laboral pendiente.
Ayer Banco de México, en su Reporte sobre las Economías Regionales, destacó la necesidad de “robustecer la seguridad pública y el estado de derecho” en el país, y que de acuerdo con empresarios consultados, para aprovechar mejor el proceso de relocalización de empresas es “esencial enfrentar los retos como el fortalecimiento del estado de derecho y el desarrollo de infraestructura”.
Y la calificadora de riesgo crediticio Moody’s, como aquí se advirtió el miércoles, expuso que la reforma judicial puede dañar a los “sectores corporativos de México que dependen de concesiones y grandes inversiones, como minería y telecomunicaciones”, sobre todo porque hay un “mayor riesgo de politización y una menor independencia del poder judicial”, lo que “puede debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutirá en otros aspectos clave de la calidad crediticia de México, como su fortaleza económica y fiscal”.
Cuarto de junto
La impartición de justicia en CdMx ya es selectiva. El caso más notorio fue del ex gobernador Javier Corral, protegido por la fiscalía local, y ahora está el de Alejandro Talavera, hermano de uno de los asesores de la ministra Norma Piña, quien fue detenido la semana pasada en Morelos por la retención ilegal de su hijo (por instrucción del juez familiar la custodia definitiva la tiene la madre) y trasladado a CdMx, donde le permitieron retirarse junto con el menor. El poder judicial local, que preside Rafael Guerra Álvarez, no ha fijado fecha para la audiencia inicial del delito del empresario que en 2022 fue detenido y liberado por portación y comercialización de armas de fuego.
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