Usted no lo sabe.
Pero hay un Cártel de la Toga, a cuyo amparo están ministros y altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, del Gobierno federal, de los estatales y de tribunales locales…
Ah, y por supuesto despachos jurídicos de gran influencia al mayor nivel con raíces hasta en Palacio Nacional, desde donde se operan muchos hilos de las decisiones legales.
Todo esto ha sido investigado y, por lo conocido por Teléfono Rojo, a punto de tomar decisiones para cambiar la ruta no nada más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Al frente de ambas instituciones está la ministra Norma Lucía Piña Hernández, sobre quien se ha volcado toda la sevicia del presidente Andrés Manuel López Obrador para personificar en ella todos los males de la inseguridad nacional.
Ella reivindica, ha dicho el mandatario, la falsa autonomía judicial para dejar libres a delincuentes de toda laya, violadores, narcotraficantes y autores de muchos otros delitos graves.
Más:
“Y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue que los jueces son autónomos, entonces los empoderó con ese argumento…”.
ZALDÍVAR, PRESIDENCIA…
Pero tenemos noticias.
Esa ministra, Norma Lucía Piña Hernández, trae un gran proyecto para cimbrar al Poder Judicial en toda su estructura y, ¿sabe qué?, no hay buenas noticias para el Presidente y sus personeros.
RED DE CORRUPCIÓN
Vamos a los datos:
Ha investigado a muchos jueces y entre ellos destaca Antonio González García, juez especializado en el llamado Sistema Penal Acusatorio y con un historial impoluto en más de 30 años.
Dicho con mayor precisión: no es un juez de consigna, sino un técnico ajeno a todas las presiones y respetado en todo el gran aparato de la estructura del Poder Judicial.
Bueno, pues se enfila a ser quien destruya el llamado Cártel de la Toga, donde están desde despachos muy conocidos y ganadores de muchos pleitos, hasta miembros de la estructura del Poder Judicial de la Ciudad de México de Rafael Guerra.
Quien ha adelantado algo de información es el periodista e investigador Hernán Gómez, centrado en el desastre y redes de complicidad de Julio Scherer Ibarra desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Pero hay mucho más y deben estar preocupados todos ellos.
Porque sobre sus escritorios han desfilado asuntos importantes como la Cooperativa La Cruz Azul, Interjet, Altos Hornos de México, Oro Negro, Caja Libertad y por supuesto el emporio de Juan Collado.
Y mire usted qué cosas:
Muchos de esos casos han desfilado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y por juzgados federales, y aquí cabe Petróleos Mexicanos (Pemex) y su enorme cartera de acreedores.
No vale la pena seguir el listado pero, se dice en los corredores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se ha visto limpia igual y será un mentís a la corrupción sin pruebas del Presidente y sus corifeos.
Y un dato final:
A ver qué cara pone el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a quien el Presidente ha postulado como paradigma de la lucha contra la corrupción pero bajo cuyo mandato el Cártel de la Toga dejó un reguero de dudas, corrupción, influencias malhadadas y sentencias contra derecho en tribunales federales y estatales.