Número cero/ EXCELSIOR
La posición de las confederaciones empresariales frente a la compleja problemática económica y sanitaria ha sido replegarse desde que el gobierno se negó a su plan de rescate por la pandemia. Su relación ha sido tormentosa. De la confrontación, dos pasos atrás al silencio, sin saber manejar las nuevas reglas de separación del poder político y económico que impulsa la 4T. No obstante, el extravío de su posicionamiento público se debe también al debilitamiento de su representación, como muestra la campaña por la presidencia de la Concanaco en medio de denuncias de corrupción o los señalamientos a la Concamin y otras sobre el manejo de fondos que recibieron de Peña Nieto a punto de concluir su gobierno.
Desde que llegó al poder, López Obrador se propuso cambiar los términos de esta relación con la justificación de evitar conflictos de interés y el control corporativo de las instituciones, lo que estuvo detrás de escándalos de corrupción con administraciones del PRI y el PAN. Pero esta política se ha traducido en desdén hacia el rol de las cámaras empresariales, que antes cercanas al gobierno de turno fueron incluso beneficiadas con recursos públicos para promover a sus sectores y facilitar políticas públicas como la contención salarial. Ninguno de estos servicios le interesa a un gobierno que considera a los intermediarios una carga y foco de corrupción; que no ve utilidad en el diálogo y los consensos sociales con estos órganos intermedios porque prefiere el trato directo con las cúpulas empresariales o los hombres más ricos del país.
Pero si la política oficial los descoloca, más aún sus estructuras anquilosadas por la entronización de grupos en sus dirigencias y falta de liderazgos con interlocución pública sin cargarse a la oposición política, como la Coparmex, de Gustavo de Hoyos. López Obrador ha bateado sus propuestas de elevar la deuda para rescatar a las empresas de la pandemia o proyectos para reactivar la economía. Los desplantes del gobierno, sin embargo, no agotan la explicación del mutismo de organizaciones opacas en la rendición de cuentas de las contribuciones de afiliados y de fondos públicos.
En su relación con el gobierno, resulta también extraño el silencio de dependencias y la FGR sobre denuncias de desviación de recursos y operaciones con facturas falsas que recuerdan al escándalo de la Estafa Maestra, a pesar de la prioridad anticorrupción. La Secretaría de Economía, por ejemplo, reconoce que en el sexenio pasado se entregaron a las cámaras 607 millones de pesos del Fondo Nacional del Emprendedor, pero desconoce que la ASF en sus auditorias identificara irregularidades, así como también las acusaciones de inconsistencias y falta de comprobación de esos recursos. Las denuncias sobre ese fondo, asignadas a 249 proyectos a través de la Concamin, la Canacintra y la Concanaco, están frenadas en la FGR, primero por el cambio de administración, y luego por lentitud para abrir los expedientes, dicen.
Al gobierno no parece preocuparle el manejo opaco de los últimos presidentes de la Concanaco, a los que se reclama un faltante de 34 mdp entre 2014 y 2018, así como pérdida de patrimonio inexplicado por 40 millones de pesos ya con la actual administración. Desde hace dos años, el exvicepresidente de Asuntos Fiscales, Juan Carlos Pérez Góngora, ha exigido a la Asamblea que el expresidente Enrique Solana y el tesorero Héctor Tejada entreguen estados financieros del organismo, pero dicen contar con el aval de Economía para retenerlos. La dependencia tardó solo dos días en responder una consulta sobre esa obligación de redición de cuentas y Tatiana Clouhtier ha sido enterada directamente del problema, pero prefiere dejarlo en manos de sus abogados a pesar de que esa conducta violaría la ley de cámaras.
Las acusaciones corresponden al periodo en que Economía la ocupó Ildefonso Guajardo, ahora investigado por enriquecimiento ilícito. Pero han escalado hasta situarse en el centro de la disputa por el relevo en la Canaco entre Pérez Góngora y Tejada, que se apuntó en el último momento como representante del grupo que tiene el control desde el sexenio pasado. La lucha por la presidencia parece algo más que ganar la representación, aunque situaciones como éstas debilitan su posicionamiento frente al gobierno, al que luego le reclaman que no los toma en cuenta ni los ve ni les habla.