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Los riesgos climáticos tienen un efecto directo en el crecimiento económico, el empleo, los medios de vida y la reducción de la pobreza, advierte el Banco Mundial (BM) en sus informes especializados.

Los Informes de Cambio Climático y Desarrollo (CCDR, por sus siglas en inglés) publicados abarcan ahora 103 economías, que representan el 69 por ciento de la población de los países de ingreso bajo y mediano, el 83 por ciento de su producto interno bruto (PIB) y el 77 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como el 78 por ciento de las personas que corren un riesgo elevado a causa de los peligros climáticos.

Para 2050, las pérdidas previstas del PIB derivadas de los impactos climáticos modelados oscilan entre el 1 y el 20 por ciento, según el país.

Los riesgos son particularmente altos en las economías de ingreso bajo, las economías frágiles y las islas pequeñas, pero los CCDR recientes muestran que las economías de ingreso alto también pueden enfrentar pérdidas significativas.

Inversión climática requiere, en promedio, 1.8% del PIB anual

Las inversiones que se necesitan anualmente para lograr un desarrollo resiliente y con bajas emisiones representan, en promedio, el 1.8 por ciento del PIB, pero pueden superar el 5 por ciento en algunas economías de ingreso bajo y mediano bajo, especificó el documento del BM.

Leyes climáticas necesitan recursos y supervisión

El estudio destacó que más de 50 de las 103 economías incluidas en los CCDR han promulgado una ley nacional marco sobre el clima, cuentan con un proyecto o la tienen en preparación.

Sin embargo, esas leyes solo producen resultados cuando se establecen regulaciones, mandatos institucionales, dotación de personal, recursos, carteras de inversión y sistemas de supervisión, enfatizó el organismo multilateral.

Por último, detalló que aprovechar las oportunidades de un desarrollo climáticamente inteligente requiere instituciones capaces de movilizar y dirigir recursos de manera eficaz.

Para ello, señaló la necesidad de dar fuerza legal a los compromisos y asignar responsabilidades; contar con una planificación estratégica que traduzca esos compromisos en prioridades y políticas coherentes, y gestionar las finanzas públicas para asignar recursos y apoyar la ejecución de los programas.