Ante el remedo de “proceso electoral” que ayer ocurrió en Nicaragua, mediante el cual el dictador Daniel Ortega se vuelve por cuarta vez a imponer en el poder a los nicaragüenses, encarcelando a todos sus opositores, quedando como “candidato” único. También, al ver el comportamiento ruin, prepotente, grosero, sin espíritu republicano, que con gran desfachatez, completamente corriente y desaseado, que tuvieron los legisladores de Morena ante la comparecencia del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, me he puesto a reflexionar sobre ¿qué hubiera pasado en México si Morena hubiera logrado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y consolidara en la Cámara de Senadores, a través de amenazas y compra de voluntades, una mayoría calificada?
Eso crearía un verdadero caos en el país, desapareciendo al INE, regresando a que el gobierno, dígase el presidente de la República, a través de su secretario de gobernación, controlaran, como en el clímax del poder del PRI, el proceso electoral, anulando todos los avances democráticos que hemos logrado, pudiendo cambiar a su antojo la constitución anulando todos los candados que, con mucho esfuerzo, los mexicanos hemos logrado para consolidar la democrática, prácticamente haciendo algo similar a lo que Ortega y su partido han logado en Nicaragua.
Seguramente, el presidente se reelegiría en sucesivos términos para que luego, su partido Morena, se asentare en el poder con su gente haciendo sumamente difícil sacarlos en el largo plazo.
Esta situación podría estar más cerca de lo que nos imaginamos.
Considero que la democracia no da pie a que el ser humano pierda sus derechos esenciales (como el de elegir libremente a sus gobernantes y muchos derechos humanos más como, la vida, la salud, el debido proceso, el imperio del Estado de Derecho, la división de poderes, el ser juzgado por tribunales imparciales e independientes, la propiedad privada, la presunción de inocencia, etc.).
Todos estos derechos están consagrados en los tratados internacionales en los que México es parte, por lo que la comunidad internacional que ha signado dichos tratados debe de tener el derecho de intervenir en los países en donde desaparezcan dichas garantías.
De no haber candados legales y políticos para evitar que estas cosas pasen, vamos a seguir teniendo Cubas, Venezuelas y Nicaraguas. De hecho, las naciones occidentales deberían de poner candados para sus tratos con las naciones asiáticas que no conceden los derechos humanos a sus ciudadanos.
En México, ¿cómo podríamos establecer esos candados para evitar que exista con pretexto de la “democracia”, una regresión política que llevare a cancelar nuestros derechos humanos?
A reserva de la opinión de los constitucionalistas y analistas políticos, planteo que quizás estableciendo un candado en nuestra constitución que dicte que el Constituyente Permanente está impedido en hacer cambios constitucionales que violen los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que México sea parte, y los ciudadanos tengan el derecho inalienable de acudir a los tribunales internacionales cuando el Poder Judicial Federal viole dichos derechos (ahora los tribunales internacionales pueden hacer, a menos de que la Suprema Corte diga lo contrario).
Debemos de establecer en nuestro sistema jurídico los candados necesarios para evitar que por medios “democráticos” (así lo pongo entre comillas para denotar de que puede por manipulación aparentar democracia), se desconozcan los derechos humanos que todo individuo en México y muchos lugares del mundo reconocen y son irrenunciables.
Ningún partido, movimiento político ni grupo ciudadano debe tener el derecho, por más apoyo popular que tenga, de cancelar los derechos humanos de todo individuo que esté en nuestro país, sea mexicano o extranjero.
Debemos preservar nuestras libertades, patrimonio, seguridad, forma de vida honrada, vivir en un Estado de Derecho, en democracia, preservando nuestra República.