NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La primera elección judicial en la historia del país arranca como un viaje inédito de fuga hacia adelante del tamaño de la impunidad que rodea a la justicia. Aunque las campañas se escenifican como un espectáculo que choca con la gravedad de lo que está en juego en el recambio de un sistema anquilosado, corrupción y complicidades institucionales con poderes públicos, privados y hasta el crimen.
En efecto, su arranque se experimenta como una diversión pública que refuerza las dudas sobre el camino de una elección atropellada, compleja y confusa para reformar las estructuras atrofiadas de la judicatura y recuperar la confianza en tribunales, ministros, magistrados y jueces; además de las implicaciones para la economía e inversiones por la incertidumbre de contratos y litigios hasta definirse el alcance y su dimensión, aún desconocida.
El contexto no puede ser más difícil por el doble reto de la impunidad y un proceso marcado desde su inicio por una “guerra” de poderes más que por la preocupación y diagnóstico de los problemas de la justicia; y a contrapelo del Judicial, que nunca presentó una alternativa para reformarse.
La numeralia es demoledora: hoy, de cada 100 delitos, sólo 6.4 se denuncian y, de cada centenar de denuncias, sólo 14 se resuelven; ello significa que la mayoría desconfía en que los juzgadores puedan sancionar un delito, dado que sólo 0.9% de éstos llegan a castigarse.
La reforma, ante esa realidad, era inevitable; aunque la activaron motivaciones políticas por la obstrucción de la Corte al proyecto de la 4T desde el sexenio pasado y su lectura de los obstáculos como tentativa de “golpe blando” del Judicial.
Ahora, la mayor interrogante es si la elección convencerá a la gente de usar el voto para cambiar la justicia o permanecerá ajena, por desconocimiento o incredulidad, a un proceso abigarrado y complejo que casi nadie entiende. La inmensa mayoría ignora las reglas de la competencia, la razón por la que unos estados tengan más opciones que otros, trayectoria y perfil de los candidatos, como si estuvieran convocados a las urnas a ciegas y privados de elementos para la reflexión y valoración de sus implicaciones.
En cuenta regresiva de 60 días, los candidatos hacen campaña como en un show mediático con videos que viralizan en redes sociales de imágenes sexualizadas de una aspirante a juez en Chihuahua o pegajosas canciones de reguetón para un “perreo” con la justicia, y hasta personajes que se venden como nuevos héroes para salvar a la justicia, como Dora la Transformadora, que busca llegar a la Corte. Estrategias que justifican por falta de recursos para hacer campaña, aunque muchas de ellas rebasan ya los topes de gasto autorizados por el INE por unos 200,000 pesos para todo el proceso.
El conocimiento y la movilización serán clave para la participación, que se proyecta muy baja. La mayoría de los ciudadanos parecen ir a una elección a ciegas porque no tienen idea de los 3,500 aspirantes a un cargo, algunos, incluso, con perfiles peligrosos, de los que se denuncian vínculos con Los Zetas, La Luz del Mundo y abusos sexuales.
Las ministras que compiten desde la visibilidad de la Corte Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz recurren a apoyos corporativos para una campaña que alternan con su trabajo en la magistratura, dado que ninguna pide licencia; ni la que se autollama Ministra del Pueblo, Lenia Batres, se desenchufa de los recursos públicos de su cargo.
Mientras la oposición apenas sigue con el discurso del fin del equilibrio de poderes, que poco dice a los que ven la justicia desaparecida; y que apoyan con denuncias sobre viejas prácticas, como el acarreo, como prueba del secuestro del Judicial por los aparatos de gobierno federal y estatales.
A lo que el oficialismo contesta con impugnaciones al INE por prohibir el proselitismo de los poderes en una carrera en la que unos parecieran querer que la elección pase de noche y, otros, recursos para promoción y movilización.
¿La campaña es una oportunidad o mayores riesgos para la justicia? Organismos internacionales, civiles y juzgadores alertan de intromisión oficial y hasta del crimen con candidatos a “modo”; mientras, el gobierno defiende el voto como única vía para devolver la justicia al pueblo. Por lo pronto, es el mayor factor de riesgo e incertidumbre interna para la presidencia de Sheinbaum. Un fracaso sería un duro golpe para la 4T.
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