Estira y aflojaHoy es de pronóstico reservado el consejo directivo de Canacintra, que encabeza José Antonio Centeno, por el caos y divisionismo interno. Por si faltara algo, fue suspendida de sus derechos en el CCE por falta de pagos a pesar del diálogo solicitado a Francisco Cervantes por los dirigentes de Canaco y Antad, y ya no participó en la reunión del primer consejo nacional del año al que asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Todo parece indicar que se replicará la reunión de gritos, ofensas y amenazas del 5 de diciembre, con la diferencia de que ya se conocen documentos que demuestran supuestas corruptelas y fraudes de dos ex presidentes: José Enoch Castellanos y Rodrigo Alpízar, quienes impulsan las tres candidaturas a la dirigencia (Esperanza Ortega, María Lourdes Medina y José Manuel Sánchez) para continuar con el control de la institución con fines particulares, contrario al Código de Ética y Conducta. Es lo que se dice.
Entre los documentos que Centeno entregó a ex presidentes de la cámara está la forma en que Castellanos y Alpízar se quedaron con el control de Normex con 28.36 por ciento del capital cada uno, igual que Canacintra, lo que obligó al Instituto Politécnico Nacional (14.92 por ciento) a plantear su salida. Alpízar pagó 2 millones de pesos y Castellanos un millón 976 mil por el capital de la empresa creada en diciembre de 1993 para elaborar normas mexicanas, auditorías, cursos, inspecciones y pruebas de laboratorio.
En agosto pasado, Normex Michoacán (ahora Normich) publicó en Facebook que se desligó de Normex México porque pasó a ser un negocio personal de Alpízar y Castellanos que “desde hace años” controlan las dos instituciones, y demandó “no seguir tolerando que un par de individuos ejerzan acciones nocivas que dañan a terceros”.
También está el contrato millonario de Canintre con el Consejo de la Judicatura Federal donde Canacintra no recibió nada. Ya le contaré.
Cuarto de junto
Quien no las trae todas consigo es Daniel Becker, director de Banca Mifel y presidente de los banqueros. Según trascendió, no pudo seguir en la puja para comprar Banamex, dejó colgados a los inversionistas que se sumaron y recibió una resolución judicial en su contra en un capítulo más del pleito judicial con Bufete Esquer por honorarios devengados que nunca pagó. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de CdMx dictó sentencia a favor del bufete y estableció que la magistrada María Rosario Marenco, integrante de Cuarta Sala Civil de CdMx, modificó una sentencia de otro juez de primera instancia para reducir de manera importante lo que el banco debe pagar. La acción de la magistrada fue ilegal porque el dictamen que cambió es per se de carácter inmodificable. Ahora debe dictar una nueva sentencia y habrá que ver si se apega a la ley.
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