NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se desmorona cinco años después de abrirse el caso Iguala. El compromiso del gobierno de López Obrador de resolverlo y esclarecer el crimen no ha podido resistir el transcurso del tiempo, negligencia de autoridades y fallos en el proceso. La liberación de los principales sospechosos y la indagatoria de sucesos sinfín pierde el caso más emblemático de violación de derechos humanos en un laberinto sin brújula como un símbolo de la corrupción del sistema de justicia. ¿Reiniciar desde cero?
Con la llegada de este gobierno se abrió un filón de esperanza para el caso Iguala por la voluntad manifiesta de ir a fondo hasta donde topara la investigación. Ya topó. Las pruebas más importantes fueron desechadas con la caída de confesiones de los principales imputados y su excarcelación por el juez Primero de Distrito Penal en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. El responsable oficial de empujarlo, Alejandro Encinas, subsecretario de Segob, ha calificado la decisión del juez de “infamia” y “podredumbre” de la justicia, pero ello no exime al Estado de su responsabilidad patrimonial en actos jurídicos contra los derechos de las víctimas, por supuesto vigentes. La determinación del juez deja a la Fiscalía en medio de un morón pequeño de tierra desde el que pide ayuda como náufrago a cualquiera que tenga información o aporte datos a cambio de protección legal por “servicio a la patria”. El desesperado llamado del Presidente refleja el desastre y falta de cuidado del gobierno de Peña Nieto que desde la “noche de Iguala” confinó el caso a un páramo de la justicia, por más que ahora se repitan adjetivos políticos como “cerrar las heridas de Ayotzinapa” sin poder reemplazar la “verdad histórica” por sanciones y reparación del daño. Las familias de las víctimas esperan resultados y un nuevo impulso a la investigación de la Fiscalía, a pesar de que el juez desestimó 81 de las pruebas, además de las confesionales, que la anterior PGR recabó de forma irregular con testimonios de detenidos, tortura y detención arbitraria, como justificó el juez la reciente liberación de Gildardo López Astudillo, alias el Cabo Gil, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, junto con otros 24 cómplices. Las recomendaciones de la CNDH del Informe Iguala alertaron desde un principio de las violaciones al debido proceso, al igual que el grupo de expertos de la ONU que participó en la investigación, no obstante creen que los testimonios no debieron invalidarse.
La Comisión para la Verdad, que el gobierno creó al llegar al poder, considera sesgada la interpretación del juez en la aplicación del Protocolo de Estambul para determinar la libertad de un total ya de 77 detenidos, sin reponer el procedimiento para verificar las denuncias de tortura y no desechar otras pruebas, que ahora aisladas, pierden su valor. Sobre todo, emitir un fallo que convalida las violaciones al debido proceso, pero sin exigir responsabilidad y castigo para los presuntos torturadores y la negligencia de la PGR en el proceso.
El desfonde la investigación demuestra que la justicia en el país pasa por sus peores momentos, ya que podría ni siquiera alcanzar a quienes la obstaculizaron, entre cuyos señalados se encuentra el exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la versión oficial de la “verdad histórica” y el extitular de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa, Tomás Zerón, señalado de alterar la escena del crimen y manipular pruebas. Encinas anunció recursos contra ellos por su responsabilidad en las violaciones a las investigaciones, aunque más allá de ellos el régimen de responsabilidades con las víctimas recae hoy en el actual gobierno.
¿Qué camino tomará la fiscalía con los principales imputados como autores materiales en la calle? ¿Responderá el Estado más allá de vicios del proceso del gobierno anterior? ¿Podría cerrarse el caso sin verdad ni justicia? ¿Qué significaría esto para la justicia? A cinco años de la tragedia no se ve cómo cerrarse porque lo único que permanece abiertas son preguntas.