NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La extradición de César Duarte es el último capítulo de la trama “negra” de desviaciones de recursos públicos en la que Peña Nieto fincó la gobernabilidad con los estados y financió campañas políticas de su “nuevo” PRI. La zaga de corrupción de su fórmula destruyó al pasado gobierno y dejó en prisión a varios gobernadores de su círculo cercano, pero el expresidente escapa de la justicia sin ninguna señal de que su sucesor quiera interrumpir su vida opulenta en las revistas del corazón.
La llamada operación Zafiro por la que se acusa el exgobernador de Chihuahua no fue un caso aislado de corrupción, sino el modus operandi de Peña Nieto para la gobernanza en los estados. Puede decirse que representa las transas de los gobiernos democráticos para mantener la estabilidad, a través de formas deshonestas y delictivas de operar las campañas en ese estado, Sonora, Colima, Durango, Edomex o Morelos. Su esquema expresa los vicios y defectos de federalismo fiscal, que convierte el presupuesto público en un hoyo negro para la negociación política y desvío de recursos.
A Duarte lo encumbró el “peñismo” como ejemplo de renovación del PRI, junto con otros gobernadores que acabaron en prisión como Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo. En la práctica, eran los más avezados del equipo para desfalcar al erario y negociar fondos públicos, por ejemplo, del ramo 23, conocido como el de los moches por los arreglos opacos con gobernadores y alcaldes a cambio de favores o el pago de sobornos. Desde su fuga del país en 2017, Duarte es acusado de peculado y desviar 6.5 millones de dólares a empresas fantasmas y otros 250 millones de pesos a la campaña del PRI en 2016.
La invención de la fórmula se le atribuye a Luis Videgaray, que la impulsó desde la Cámara de Diputados para sacar la negociación política con los estados de la esfera del presidente y llevarla al Congreso. La justificaban con la idea de crear un esquema de incentivos y premiar el “desarrollo regional” con partidas opacas y sin regla de operación, pero acabó por funcionar como “caja chica” o castigar a gobernadores –como revelaría Javier Corral, tras denunciar a Duarte– y el financiamiento de campañas. Las desviaciones se denunciaron desde 2017 por un presunto contubernio entre el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el secretario de Hacienda, Videgaray, en la elección en Chihuahua un año antes.
El esquema que autorizaba Hacienda y el Congreso podría haber dado lugar a un “máximo proceso” al gobierno y la clase política como el caso Lava Jato, en Brasil, que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y a Lula a prisión. Al llegar al poder, López Obrador desmanteló el fondo de los moches como parte de su promesa de combatir la corrupción y regresó al Ejecutivo la negociación con estados y empresas públicas. Hoy todo pasa por su oficina, desde la ampliación presupuestal para Dos Bocas hasta la “pobreza franciscana” con la que se encubre la desviación de recursos a la refinería, también de forma opaca y sin reglas de operación. Pero permite al Presidente recuperar el peso político de la negociación, reducir el de los gobernadores y las cuentas de cabilderos en el Congreso.
Sin embargo, esa promesa anticorrupción no se ha traducido en rendición de cuentas de todos los implicados en tramas como operación Zafiro, Odebrecht o la Estafa Maestra. Los encausados judicialmente –salvo Emilio Lozoya y Rosario Robles– cayeron con el gobierno pasado. López Obrador ni por asomo da una señal de querer interferir en el exilio dorado de Peña Nieto en España, a pesar de que, según El País, vive en una casa propiedad de un contratista con negocios en México.
El grave problema de pactos de impunidad es que persiste la negociación del presupuesto con fines políticos, aunque se cancelen fondos como el de los moches. Deja en cimientos muy débiles las finanzas del país y abre la puerta hasta para el ingreso de recursos del crimen, a través de arreglos opacos, ya sea desde el Ejecutivo o del Congreso como en la operación Zafiro. Ahora el proceso de Duarte puede ser una oportunidad para corregir el camino en que todas las direcciones apuntan a Peña Nieto y Videgaray.