NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El caso de Israel Vallarta es el manual perfecto del “injusticiable” por la corrupción en fiscalías y tribunales del país. La violación sistemática al proceso es paradigmática de la suerte que viven las víctimas a diario, aunque el oficialismo exprime el suyo para exhibir a gobiernos anteriores como si esa realidad fuera cosa de tiempos pasados a los que nunca deberíamos volver.
Detenido el último año del gobierno de Fox en 2005 junto a Florence Cassez, Vallarta se ha convertido en un símbolo, pero no del héroe que se bate en los tribunales para limpiar su nombre del delito, aunque nunca desistiera de salir absuelto. No, su caso es una alegoría de los vicios y efectos corruptores en el proceso penal que llevan a inocentes o culpables lejos del brazo de la justicia.
La imputación en su contra como líder de una banda de secuestradores llamada los Zodiacos exhibe un repertorio de acciones que la inhabilitan, con una asombrosa combinación de producción escénica de alta visibilidad que divide el tribunal de la opinión pública: manipulación de testigos por parte de la fiscalía para inculparlo de cuatro delitos de secuestro, autoincriminación por tortura y un montaje televisivo que lo hace “injusticiable” por su efecto corruptor sea o no culpable.
Y con ese cúmulo de vicios, permanecer 20 años en prisión preventiva hasta que una juez ordenó su liberación por imposibilidad procesal de dictar sentencia. Si algunos reclaman una liberación “política”, ¿qué tienen que decir del manejo político y mediático de García Luna y periodistas de Televisa y Azteca en el montaje de su detención junto a Cassez en flagrante violación de derechos humanos? Dicen que no se escuchó a las víctimas inducidas por la PGR, y callan ahora y antes sobre la corrupción del proceso.
Tiene razón Vallarta cuando al salir de prisión frente a la Corte pide que no lo vean como héroe, porque no lo es, aunque es encomiable su convicción de salir absuelto de las acusaciones de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego del ejercito; antes pudo haberse acogido a la violación al debido proceso como Cassez para salir de prisión, como le ofreció el gobierno pasado. Pero su objetivo no era ése, sino mostrarse ante la misma audiencia del montaje como víctima de la fábrica de injusticias y presuntos culpables del populismo penal.
Pero esta historia rocambolesca de lo extraordinario y hasta inverosímil es el pan de cada día para las víctimas por violaciones y excesos de la cárcel, que los gobiernos de antes y ahora potencian por igual con la prisión oficiosa y mayores penas como estrategia para ganar apoyo popular sin resolver la inseguridad e inculpando inocentes; ejemplo de ello, la persistencia de la impunidad de la tortura con sólo nueve sentencias de 4,592 investigaciones sólo en 2023.
Sin duda, el caso de Vallarta es paradigmático por tres razones. La primera, es una radiografía de la corrupción de las fiscalías como eslabón más débil y fracturado de la justicia. Hace una década se reformó la Constitución para darles autonomía para evitar su uso político, pero en los hechos la independencia no las desliga de la influencia de los gobiernos en el combate a sus redes de corrupción; tanto que Sheinbaum ha reconocido que el cambio no ha funcionado y propuesto abrir una discusión profunda para mejorarlas.
Por ello, la politización de la justicia que se manifiesta en decisiones de jueces por motivaciones políticas, manipulación de los casos judiciales para favorecer a grupos o la designación de juzgadores afines a partidos para orientar sus fallos, y que ninguna reforma ha alcanzado para rescatar del poder corruptor del dinero o de intereses políticos.
Y, en tercer lugar, la mediatización de la justicia. El caso Vallarta-Cassez, deja mal parados a los medios de comunicación por prestarse, a sabiendas o no, a la manipulación política y servir de tribunal paralelo. La procuración enfrenta desde hace tiempo un gran reto con los juicios mediáticos como máximo tribunal de justicia; un fenómeno que se agrava por el linchamiento en redes y condenas públicas que ya no tienen que esperar a un juicio para señalar la culpabilidad de alguien. Junto con la corrupción y la politización de la justicia, son los mayores retos para que el manual del proceso del justiciable que enseñan a todos los abogados en las escuelas de derecho y luego la realidad olvida.
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