Estira y afloja
Los departamentos del Tesoro y del Trabajo de Estados Unidos ya analizaron y apoyaron el “sindicalismo inteligente” creado por Alejandro Martínez, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), que utiliza la IA y las aplicaciones tecnológicas para mantener informados a los trabajadores de compromisos y obligaciones laborales de los contratos colectivos de trabajo por área administrativa, de producción y comercialización.
Y a petición expresa del SNAC, recibió del gobierno estadunidense toda la información legal relacionada con el nuevo criterio adoptado por la renovación del contrato colectivo de Cemex, y ya lo analizan los abogados. La cementera impulsó reuniones antisindicales denunciadas por los trabajadores en la revisión contractual, y el gobierno decidió en automático favorecer al sindicato.
Sentó precedente para que cualquier empresa en EU con una demanda de representación legítima de los trabajadores tenga en automático la titularidad del contrato colectivo si durante las negociaciones se emprende cualquier actividad contra el sindicalismo. “Queremos presentar una modificación a las leyes laborales en México, en igual sentido al de EU, para erradicar prácticas ilegales y charristas; la propuesta la haremos en 2024”, destacó Martínez Araiza.
Expuso que después de la reforma laboral, se legitimaron en México 14 mil contratos colectivos y que se habla de la existencia de otros 40 mil en el horno. “En cuatro años se legitimó al charrismo sindical y el chat que se creó por el Observatorio de la Reforma Laboral Ciudadana, solo es para alabar a la 4T; me expulsaron por demostrar que no hay cambios de fondo”.
Cuarto de junto
Hasta el mes de octubre, PetroBal, de Alejandro Baillères, invirtió en desarrollo de campos petroleros mil 106 millones de dólares. Así la recibirá Zamajal, de Grupo Carso… En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha continuó las investigaciones contra Grupo ARHE, de Juan José Arellano Hernández, por supuesta manipulación de fiscalistas para evadir impuestos, lo que provocó sanciones del SAT contra el Estado por fallas en auditorías; enfrenta un quebranto superior a mil 750 millones de pesos. En el tema se involucra al magistrado Alfredo López Cruz, del Tribunal Segundo Colegiado Civil del Poder Judicial de la Federación, por emitir sentencias millonarias a favor del grupo empresarial; casualmente compró una lujosa residencia en el fraccionamiento El Cid, que le vendió Juan Peña, compadre de Arellano y ex director de algunas de sus empresas. El magistrado tiene dos locales en la comercial Isla Tres City Center, propiedad de los Arellano Hernández, quienes llevan años saqueando al municipio de Mazatlán; el ex alcalde Guillermo Benítez pagó millones en demandas promovidas por ARHE. La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó varias empresas del grupo.
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