Estira y afloja
Humo blanco en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Francisco Cervantes Díaz, ex presidente de Concamin, será el nuevo dirigente del organismo cúpula del sector privado para los próximos tres años. Ya cuenta con cinco de los siete votos que se necesitan y se prevé unidad total para la asamblea del 2 y 4 de marzo.
Ayer se pronunciaron varios dirigentes a su favor, por lo que se espera tener acercamientos con organismos empresariales de todo el país con el objetivo central de construir consensos para impulsar la inversión privada que está estancada. Carlos Salazar, presidente del CCE, le informará de todos los asuntos delicados que están en la mesa de discusión política.
Las cosas van peor para el Grupo Mexicano de Seguros (GMX) en materia legal, como le informé el 8 de diciembre, y está en peligro su registro junto con StarRe por haber entregado documentación falsa dentro de la demanda penal por el incendio en el Puesto Central de Control del 9 de enero del año pasado. Hoy habrá reunión del consejo de administración de la aseguradora que comandan José Luis y Javier Lamosas para evaluar los pasos a seguir.
El proceso de ajuste/pago del citado siniestro no ha avanzado y por eso la demanda penal del despacho de abogados Colín Vega Fletes por la negación de GMX a liquidar la suma solicitada de mil 200 millones de pesos. Lo que se sabe es que GMX aceptó pagar bajo su evaluación 400 millones de pesos y que incluso dio un anticipo; no se aceptó porque el reclamo del Metro es de mil 200 millones y se puso en entredicho su solvencia económica porque la colocación del reaseguro no se hizo en tiempo y forma. Se completó el 15 de enero, seis días después de la explosión.
El presidente de StarRe, Alberto Ávila, reconoció que su equipo había falsificado o modificado documentos para hacer creer que el reaseguro estaba vigente y se creó otro problema. En la reunión de consejeros de GMX se analizará la posibilidad de demandar a StarRe por la documentación falsa presentada a sabiendas de que no podrán recuperar los mil 200 millones de pesos; el riesgo de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas les quite el registro y una posible quiebra técnica. Los últimos datos disponibles revelan que el Índice de Solvencia de GMX se redujo de 4.78 en diciembre de 2020 a 3.24 en septiembre pasado, antes de que creciera la demanda penal.
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