NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El golpe a las finanzas de la Judicatura escala la mayor confrontación entre Poderes en décadas, como bandos contrarios. Pero la mayor debilidad del judicial se debe no sólo a la asimetría con la Presidencia fuerte de López Obrador y su mayoría en el Congreso, sino también por vicios e inconsistencias en la aplicación de la justicia que lo alejan de la sociedad.
El enfrentamiento viene in crescendo en el sexenio y ahora con visos de salirse de control, al calor de protestas, por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y un recorte presupuestal en ciernes en el Congreso. Por ese camino, el horizonte es inestabilidad y debilitamiento institucional que, de por sí, ya es una limitante al acceso a la justicia para la ciudadanía. Ante el ataque –como se filtró de una presentación de la presidenta de la Corte–, “el silencio no es inacción”. La Judicatura anuncia paro nacional hasta el 24 de octubre tras tres días en “pie de guerra” por la intervención de sus arcas.
La arremetida con la desaparición de 13 fideicomisos se encuadra en un debate de fondo sobre el significado de su independencia, que se justifica en eliminar privilegios, altos salarios, gastos suntuarios y resistencia a la austeridad. Desde 1985, el consenso internacional en la ONU acordó estándares mínimos sobre la independencia judicial, pero en las democracias regresa la discusión ante liderazgos políticos que la trasgreden con formas informales difíciles de detectar en EU, con Trump, o en Israel, con Netanyahu, a través de reformas o cortes presupuestales.
Es una discusión capital, porque el disenso sobre este principio puede llevar a desconsolidar la democracia. La ruptura del consenso sobre límites y trasgresiones de la separación de Poderes es clara en el rechazo de la Corte y la oposición a la reforma judicial del Presidente para elegir a los ministros por voto popular, sin ofrecer propuesta alterna contra la corrupción y fallas en la justicia. La erosión avanza en la falta de respeto a las diferencias, por ejemplo, con la quema de la efigie de López Obrador en las protestas y, antes de la ministra Piña, contra la Corte. También en la politización de los fideicomisos con medias verdades sobre los “guardaditos” para engordar a los ministros o dobles mentiras sobre la lesión a derechos de los trabajadores.
La demagogia envenena. Son expresiones de degradación política por encono e intransigencia en un debate de suma cero que deja de lado el “para qué” de la independencia judicial. Bien dice el ministro González Alcántara, sirve como condición para salvaguardar el “tejido invisible” de la sociedad de atropellos entre particulares y abusos de autoridad para garantizar paz y libertades. ¿El Poder Judicial lo está siendo? La respuesta no puede venir de la extinción de fidecomisos como prueba irrefutable de un poder “podrido”, como lo califica López Obrador, pero tampoco de la defensa de privilegios como acto de rebeldía contra la tentativa de someterlos a sus designios.
El judicial es un poder lejano a la sociedad no sólo por la complejidad de sus sentencias o las ventajas de manipulación del discurso político, sino porque la justicia en el país se negocia más que aplicarse. Ahí, y no en los fideicomisos, está el problema de la corrupción. En las oportunidades de acceder a ella según el peso de la cartera, aceptar la fabricación de delitos o fallos a modo del poder adquisitivo. A la independencia judicial también la amenaza actuar con desapego a la ley, y no sólo reformas legales. Su mayor riesgo es funcionar como un poder “contra mayoritario” para salvaguardar los intereses de minorías, no su reconocimiento y sus derechos.
La Judicatura tiene un camino largo en la necesidad de transparentar sus sentencias y el manejo de recursos, lo que no significa rendirse ante ningún poder, aunque se presente como “encarnación de la voz del pueblo”. Por el contrario, se trata de poner en el centro del debate sobre la independencia complicidades y entramados que la debilitan institucionalmente bajo la opacidad o el nepotismo de magistrados y jueces; del abuso del amparo en contra del interés colectivo o la aquiescencia con poderes económicos o liberación inexplicable de delincuentes.
Defender un poder demasiado caro no es asegurar su independencia. Y reformar tampoco es sujetar a la Judicatura a otro poder.