Por Javier Zavala
El Colectivo por la Ciencia integrada por más de mil científicos de universidades, institutos y centros de investigación pidieron a la Cámara de Diputados no aprobar fast track la reforma enviada por el Conacyt, y cumplir con los siete foros prometidos, de los cuales solo se han realizados dos, pues es necesario escuchar a la comunidad científica antes de dejarlos indefensos.
Así lo expresó la representante del Colectivo por la Ciencia, Marisol Silva, encargada del área de investigaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien advirtió que la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos clave para el desarrollo y futuro de México.
Sin embargo, indicó que existe la amenaza de que la próxima semana se vote en el Pleno de la Cámara de Diputados, ente el cercano cierre de periodo de sesiones, y los legisladores lo harán de forma apresurada y sin terminar de escuchar a la comunidad científica.
“Se corre el riesgo de que la ley no tenga las áreas de oportunidad que presentaba la propia iniciativa en varios temas relevantes como es el financiamiento, pue solo establece el presupuesto que el Estado se comprometió a invertir en materia de ciencia y tecnología.
“El otro vacío es la discriminación contra universidades particulares, pues se excluye de apoyos al personal de investigación para recibir los incentivos, bajo el presupuesto de que es una actividad comercial y mercantil, sin embargo eso es incorrecto”, indicó la doctora de la Ibero.
Los responsables de la publicación, los investigadores Carlos Arámburo, Teresa García Gasca, Alma Maldonado, Cristina Puga y la doctora Marisol Silva, hicieron un llamado a los legisladores el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; a la diputada Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación y al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para que no se apruebe la iniciativa del Conacyt, que proviene del Ejecutivo federal, hasta no escuchar a la comunidad científica.
“Queremos alertar del riesgo de aprobar la ley, y se corre de la manera como fue diseñada desde el Conacyt y sobre los riesgos para el futuro, porque lo que queremos es una ley que responsa a las necesidades del presente y del futuro del país y esta ley no lo hace porque es autoritaria y centralista”, manifestó la investigadora.
Indicó que hoy por hoy el gobierno debe invertir el 1 por ciento del Producto Interno Bruto en investigación y no se hace, pues este gobierno es el que menos ha invertido y con quien menos se ha avanzado en investigación, en comparación con el resto del mundo, pues sólo se está en promedio con el 0.3 y 0.4 por ciento, estamos muy por debajo de la meta establecida, por lo que la ciencia den México está detenida.
El parlamento que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), solo lleva hasta ahora dos reuniones de siete que prometieron los legisladores, realizados el día 29 de marzo y 11 de abril de 2023.
Marisol indicó que debe haber certeza en el financiamiento para la ciencia, aquilatar el trabajo de las entidades federativas en la producción científica, tecnológica e innovadora y su potencial para promover el desarrollo regional, de fomentar la innovación para que contribuya a un México más competitivo y equitativo.
Además, exigieron no discriminar de sectores en el acceso a los programas de apoyo a la ciencia, como son las universidades particulares, necesaria para la promoción de las carreras académicas de los jóvenes en todo el territorio nacional, de la autonomía de los centros públicos de investigación, de cómo lograr una articulación virtuosa entre los sectores académico, empresarial y gubernamental, con una estructura de gobernanza más transversal y menos centralista que garantice la participación representativa de todos los sectores.
Indicó que la pluralidad manifestada en los foros es rica y diversa en cuanto a regiones, instituciones, áreas del conocimiento, edades, sectores sociales y productivos demuestra la debilidad del argumento enarbolado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de que en este asunto solo hay dos posturas posibles.
“Una, la de quienes quieren apoyar al pueblo, y la de quienes sostienen opiniones críticas a la iniciativa del Ejecutivo Federal (elaborada por el CONACYT), que constituyen una élite interesada en mantener sus privilegios, sus intereses particulares y quedarse con el dinero público. Nos oponemos a la polarización del debate”.
La científica manifestó que es necesaria una ley general y moderna que impulse el desarrollo científico y tecnológico y la innovación y garantice el disfrute social de sus beneficios, como lo mandata nuestra Constitución.
Cabe mencionar que se buscó a diputados y senadores de las comisiones involucrados, pero ante sus agendas apretadas no respondieron a las solicitud de entrevista, para que comentaran sobre esta iniciativa.