Adriana Noriega R.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó atraer el caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y de decenas de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el predio “El Maguey”, del ejido de Tetelcingo, Morelos, y solicitó medidas cautelares a las autoridades de la entidad.
En un comunicado el organismo autónomo informó que “el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, instruyó a personal de esa Comisión Nacional, encabezada por el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, para que se trasladara de inmediato al lugar”.
El organismo emitió oficios dirigidos al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, y al Fiscal General, Javier Pérez Durón, y pidió se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción Hernández Fernández y Amalia Alejandra Hernández Fernández, madre y tía de Oliver.
Asimismo, solicitó se otorguen las medidas necesarias para “garantizar la preservación del lugar de los hechos, así como mantener el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios de lo sucedido”.
Lo anterior, se dio tras la reunión que sostuvo el ombsuman con la familia del joven Oliver y con representantes de distintos colectivos, así como con el padre Alejandro Solalinde, el poeta Javier Sicilia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Dentro de las propuestas se llegó al acuerdo de “abrir una mesa de trabajo en la que participen la propia CNDH, la PGR, la secretaría de Gobernación y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en relación con las fosas clandestinas de la fiscalía».
Luis Raúl González Pérez, destacó que en dicha mesa deben estar involucradas las autoridades correspondientes estatales, a fin de evitar que evadan su responsabilidad. “Para establecer un diálogo y retomar el asunto. No hay que perder de vista que el asunto compete a las autoridades estatales, quienes tienen una responsabilidad directa que no pueden eludir”. Acotó.
Ofreció el ombusman la celeridad del caso para responder a la brevedad el caso, una vez que se hayan organizado los sectores involucrados.
“De inmediato nos organizamos para responder a la demanda. Me llevo el panorama que me han presentado. Nuestro compromiso es acompañar a la familia y a las demás familias de las víctimas de desaparición para resolver este problema”, sostuvo.
La familia de Oliver expuso el caso de su hijo, secuestrado y asesinado en 2013, quien, a pesar de estar plenamente identificado, fue inhumado de manera ilegal en una fosa clandestina ubicada en Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, el 28 de marzo de 2014. María Concepción y Amalia Hernández, mamá y tía de Oliver Wenceslao, pidieron a la CNDH y la PGR atraigan el caso, por una parte, para hacer justicia a su hijo, pero también –dijeron– por las 149 familias de los cuerpos restantes que siguen bajo tierra” en esas dos fosas clandestinas.
La familia afirmó que, a pesar de que ellas recuperaron el cuerpo de Oliver, ahora la lucha es para deslindar responsabilidades por las irregularidades cometidas en el caso de hijo, pero sobre todo, para procurar justicia para las 149 familias y víctimas que todavía, presumiblemente, se encuentran en las fosas ubicadas en el predio “El Maguey”, del ejido de Tetelcingo, Morelos.
El padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana, se solidarizó con la familia y halagó su “espíritu de humanidad”. Pidió a las autoridades tomar las medidas cautelares relacionadas con la familia de Oliver Wenceslao, pero también en relación con las carpetas de investigación y las propias fosas de la Fiscalía de Morelos.
En tanto, Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Secretario de Extensión de la UAEM, advirtió de la necesidad de que instancias federales atraigan el caso, pues la fiscalía no puede investigarse a sí misma.
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, manifestó la indignación que causa la actitud de las autoridades estatales, por lo que demandó a la PGR y la CNDH a tomar acciones de inmediato para evitar que estos crímenes, que podrían configurarse como de lesa humanidad, queden impunes y sean castigados. “En un país en el que existen 25 mil desaparecidos, el hecho de que la propia Fiscalía tenga sus fosas, es increíble”, sostuvo.
Valentina Peralta, de Eslabones por los Derechos Humanos, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, pidió que las investigaciones tomen en cuenta a las familias de los desaparecidos en el país, porque la delincuencia organizada no respeta la geografía política, así que no importa que las fosas estén en Morelos, ahí puede haber personas desaparecidas provenientes de cualquier parte del país e incluso de otros países.
Miguel Álvarez Gándara, presidente de Serapaz, solicitó que la mesa propuesta se realice a la brevedad posible, tomando en cuenta a las organizaciones de víctimas de desaparición que existen por todo el país.
A su vez, Rafael Mateos Poumian, Director General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la PGR, se comprometió a investigar el caso y a requerir la información necesaria.