<< De acuerdo con la OMS, el alcohol contribuye a 2.6 millones de muertes al año a nivel mundial
La Comisión Permanente avaló un dictamen para exhortar a las autoridades sanitarias, educativas y municipales a impulsar las acciones de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable a los establecimientos dedicados a su venta y consumo.
El documento establece que las autoridades locales competentes en materia de licencias de funcionamiento, regulación y supervisión de establecimientos, dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, en sus diferentes modalidades, deben continuar con el fortalecimiento de las acciones de coordinación que contribuyan al cumplimiento de la normatividad aplicable.
Además de que dichos negocios, particularmente aquellos ubicados en las inmediaciones de instituciones educativas, den cumplimiento a la distancia mínima entre los establecimientos y centros escolares.
La Comisión Permanente también exhortó a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), a las autoridades sanitarias, educativas y municipales competentes de las 32 entidades federativas para que fortalezcan la prevención, orientación, difusión y promoción de estilos de vida saludables para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en niñas, niños y adolescentes, así como favorecer entornos escolares seguros y protectores.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol es una sustancia tóxica y psicoactiva con propiedades adictivas, cuyo consumo causa 2.6 millones de muertes al año a nivel global; además, es responsable del 4.7 por ciento de la carga mundial de enfermedad.
En este contexto, la protección de las comunidades escolares requiere una estrategia preventiva de alcance nacional, sustentada en la coordinación entre autoridades y en la promoción de entornos escolares seguros y protectores.
La protección de la salud de niñas, niños y adolescentes frente al consumo de bebidas alcohólicas, asentaron las y los legisladores, constituye una responsabilidad concurrente de las autoridades sanitarias, educativas y municipales de los tres órdenes de gobierno.