>> También avaló 13 dictámenes que exhortan a instituciones y a los gobiernos federal y locales sobre diversos temas
El Pleno de la Comisión Permanente aprobó, en votación económica, 13 dictámenes de la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside el senador Navor Alberto Rojas Mancera (Morena), que se refieren a reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, violencia contra mujeres, feminicidio, salud mental, desplazamiento interno, Atlas de Riegos, personas en situación de calle y discriminación, entre otros.
En uno, exhortó a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, refuercen el diseño e implementación de las estrategias y programas encaminados a prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, por parte de la delincuencia organizada y de grupos de autodefensa comunitaria, así como analizar llevar a cabo acciones para garantizar el derecho de acceso a una vida libre de violencia, integridad personal, derecho a la vida, paz, supervivencia y desarrollo de la niñez.
Otro resolutivo fue para llamar a las fiscalías generales de Justicia o sus equivalentes de las 32 entidades federativas a dar seguimiento puntual y judicializar las carpetas de investigación de los casos de asesinato de mujeres tipificados como feminicidio. A los poderes judiciales, a garantizar una correcta impartición de justicia, rigurosa y equitativa, aplicando con firmeza las sanciones establecidas en la ley para las personas que sean encontradas culpables del delito de feminicidio.
En un dictamen más, la Permanente solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogas de las 32 entidades federativas y municipios fortalecer y, en su caso, establecer los servicios de apoyo psicológico, accesibles, gratuitos y confidenciales, para las y los integrantes de las corporaciones de seguridad pública. Además, fortalecer la capacitación y concientización sobre salud mental, de modo que las y los integrantes y personal de mando sean capaces de identificar signos de estrés y problemas de salud.
En el cuarto dictamen la Comisión Permanente conminó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a diseñar y promover estrategias y políticas focalizadas que aborden específicamente las necesidades de las víctimas de desplazamiento interno, con la finalidad de prevenir un trato desigual o discriminatorio.
En otro resolutivo, pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con los gobiernos de los estados, y de la Ciudad de México, así como de los municipios del país y sus órganos político-administrativos competentes, realicen las acciones necesarias para llevar a cabo la actualización y/o creación de los Atlas de Riegos de las 32 entidades federativas y sus municipios. A la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que promueva la actualización de los Atlas de Riesgos de los municipios y alcaldías de todo el país e implemente campañas de difusión masiva que le permitan a la población en general conocer qué son y para qué sirven estos instrumentos.
La Permanente también exhortó al gobierno de la Ciudad de México para que, con base en los resultados de los conteos de personas en situación de calle, establezca intervenciones articuladas y coordinadas en beneficio de las personas en situación de calle con enfoque de derechos humanos y, como parte de ello, continúe desarrollando programas para la prevención de la exclusión social de este grupo poblacional y de creación de oportunidades para la realización de su proyecto de vida.
El séptimo dictamen incluye la solicitud a los congresos de las 32 entidades federativas para que analicen y, en su caso, observen en sus respectivas legislaciones lo relacionado con el contenido del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
En uno más pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de disminuir y erradicar la violencia hacia a mujer. Asimismo, a las dependencias e instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que refuercen la capacitación del personal que brinda atención.
Además, se aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, a través de sus mecanismos para el adelanto de las mujeres y sus sistemas estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, o sus equivalentes, difundan ampliamente, en espacios públicos, medios oficiales, redes sociales y cualquier otra plataforma de comunicación disponible, información sobre los recursos de asistencia y apoyo a los que las mujeres y niñas pueden recurrir en situaciones de violencia.
A la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Permanente le solicitó considerar las necesidades lingüísticas de las mujeres indígenas dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
También, a la Segob, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y a la Secretaría de Salud, la llamó a fortalecer o, en su caso, establecer espacios de atención especializados para la comunidad LGBTIQ+, en donde se puedan ofrecer servicios integrales que incluyan, entre otros, apoyo psicológico, asesoría legal, y campañas de sensibilización y capacitación en derechos humanos y diversidad sexual. Además, a los gobiernos de las 32 entidades federativas promover la creación de espacios de atención para esta comunidad.
A las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, la Permanente las conminó a analizar la viabilidad jurídica y presupuestaria para fortalecer los Modelos Institucionales y de Atención de las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de sus capacidades de operación, coordinación intermunicipal y mecanismos de protección interinstitucionales, estableciéndolos como organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
En el último dictamen avalado, la Comisión Permanente solicitó a los congresos de las 32 entidades federativas a adoptar en sus leyes locales la definición de acoso escolar que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2016, la cual define como todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares.
