<< Se trata de Maribel Bojorges Beltrán, Ernestina Godoy Ramos y Luz María Zarza Delgado
Ante el Pleno de la Cámara de Senadores comparecieron Maribel Bojorges Beltrán, Ernestina Godoy Ramos y Luz María Zarza Delgado, que integran la terna de aspirantes enviada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para encabezar la Fiscalía General de la República.
Tras recibir por parte de la Presidencia de México un oficio con dicha terna de candidatas, la asamblea aprobó con 75 votos a favor y 29 en contra, que este asunto fuera considerado como de urgente resolución, hecho que ocurre en el contexto de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, aceptada y aprobada por este Pleno el pasado 27 de noviembre.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez destacó que la Fiscalía es una de las instituciones clave para la procuración de justicia en México, por lo que es de la mayor importancia que sea atendida por el Senado de manera urgente.
Ello, dijo, toda vez que a cada momento que ese órgano autónomo permanece sin una titularidad fija, se afecta la conducción de investigaciones, la coordinación interinstitucional y la certeza jurídica que merecen víctimas, denunciantes y operadores del sistema de justicia.
“Hoy, el Ejecutivo federal cumple con la etapa que le corresponde y se activa formalmente la responsabilidad constitucional del Senado de decidir, por el voto calificado de las dos terceras partes de las y los senadores presentes, a quien habrá de encabezar la Fiscalía general de la República”, subrayó.
Posteriormente, senadoras y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios llevaron a cabo tres rondas de preguntas a las aspirantes:
La senadora de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, expresó que la autonomía de la Fiscalía General de la República no es un detalle meramente administrativo, sino un pilar fundamental para garantizar un sistema imparcial confiable y realmente democrático para nuestro país. Ello significa que las decisiones sobre la investigación y la persecución de los delitos no dependan de intereses políticos, ni de una presión externa, sino única y exclusivamente de la ley.
Del PAN, Verónica Rodríguez Hernández consideró que la autonomía y la eficacia de la Fiscalía “no son mercancía negociable”, sino pilares de legitimidad del sistema penal acusatorio del país. La autonomía no sólo es jurídica, es también percepción pública, y la ciudadanía merece jueces y autoridades que rindan cuentas, cuya designación no responda a intereses personales o políticos.
La senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, consideró que la nueva titular de la FGR debe se profesional, responsable, capacitada en independiente, ya que la delincuencia y la violencia se han vuelto un problema en México, además de que la procuración de justicia ha fallado y las personas no tienen confianza en las fiscalías y, por ello, no denuncian.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, acusó que la decisión para elegir a la nueva titular de la FGR está “ya prácticamente tomada”; no obstante, aseguró que su Grupo Parlamentario no se escandaliza ante la situación, pero enfatizó que sus senadoras y senadores definirán si apoyan o no con su voto a quien sea designada en el cargo.
Al hacer uso de la palabra, Maribel Bojorges Beltrán expresó que México atraviesa por un proceso profundo de transformación institucional, y para que ello continúe es indispensable que la Fiscalía General de la República sea una institución y una autoridad sólida, independiente, profesional, cercana a las víctimas y ajena a cualquier tipo de corrupción.
“Aspiro a ser fiscal, porque tengo la experiencia, vocación e integridad necesaria para conducir esta institución con firmeza, rigor técnico, absoluta rectitud, pues estoy comprometida a que la ley se aplique sin excepciones”, manifestó.
Precisó que un punto estratégico debe ser el combate integral a la impunidad, el cual constituye un eje rector de cualquier institución, en especial de la Fiscalía General, porque debe ser sólida, moderna, profesional, científica y comprometida con el Estado de Derecho.
Consideró que es necesario mejorar y perfeccionar los sistemas de control interno, mediante auditorias permanentes a las actuaciones ministeriales, judiciales y periciales. Además, dijo que al implementar un plan de persecución penal, siempre se debe contemplar una independencia y autonomía real, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona o interés particular pueda influir en la aplicación de la ley.
“Conozco los espacios de oportunidad que pueden permitir mejoras institucionales, para hacerla más eficaz, más humana y confiable, porque tengo un panorama amplio en materia de investigación delictiva y porque las familias merecen tener servidores públicos con vocación de servicio e instituciones fuertes que los protejan”, concluyó.
En su turno, la abogada Ernestina Godoy Ramos defendió que existe una demanda urgente para construir una fiscalía que esté a la altura de los tiempos, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, con profesionalismo y probidad, para que recupere la confianza ciudadana.
También se comprometió a que, al frente de la FGR, no se fabricarán culpables, ni habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad, por lo que fortalecerá protocolos que aseguren cero tolerancia a la tortura y tratos crueles, e investigará y sancionará con severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos.
La compareciente aseguró que México también exige una Fiscalía que planifique y actúe con visión estratégica, además de que se encuentra en una “encrucijada histórica” para consolidar una institución fuerte, moderna y estratégica, con investigaciones sólidas, el abatimiento a la impunidad y la mejora a la atención a víctimas.
“Esa ruta es la que propongo: investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada a cada caso y a cada fenómeno criminal, priorización de delitos de mayor impacto, coordinación entre instituciones con autonomía”, sostuvo Godoy Ramos.
También propuso que en la FGR se implemente una atención digna e integral a las víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil, profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas.
“La procuración de justicia que propongo es aquella leal a los bienes y valores de la patria. Sin ninguna posibilidad de negociación, pues la justicia no se negocia. Yo también estoy convencida de que es posible la felicidad del pueblo de México y que la transformación de la vida pública se construye procurando justicia”, concluyó.
En tanto, Luz María Zarza Delgado señaló que una exigencia ciudadana en materia de seguridad es el tema de las fiscalías, porque son “la primera cara que ve una víctima”, de ahí la importancia de su sensibilidad, capacitación, de la forma en que se dirige y atiende a las personas.
Subrayó que se debe atender la falta de personal en las fiscalías, porque se encuentran saturados por los asuntos que llevan los Ministerios Públicos, lo que hace imposible la debida atención de cada caso, y que tampoco tengan tiempo para capacitarse ante el excesivo número de asuntos.
Destacó que es fundamental llevar a cabo una coordinación con las distintas instancias de seguridad, sobre todo, ante la existencia de la “macrocriminalidad”, pues tiene una complejidad delictiva importante con diversificación económica, la cual requiere la participación de instancias no sólo nacionales, sino de agencias internacionales.
Advirtió que es innegable reconocer la violencia contra las niñas y mujeres en el país, por ello propuso trabajar con perspectiva de género, mediante una política transversal que implique protocolos obligatorios, con una capacitación permanente para quienes tienen que aplicarlos.
Puntualizó que el combate a la corrupción en todas las instancias debe ser una acción permanente, porque el crimen organizado insiste en infiltrarse en las instituciones, por lo que es importante recuperar los códigos de conducta, principios y valores.