Por Miguel Gaytán
Al comparecer con motivo de la glosa del III Informe de Gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, ante diputados federales, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, reconoció la prevalencia de actos de corrupción y falta de transparencia por lo que propuso acciones en los diversos órdenes de gobierno para recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.
Durante su intervención inicial, el funcionario federal refirió que durante el año de análisis, se presentaron un total de 26 mil 29 quejas y denuncias, lo que dio origen a sancionar a 8 mil305 servidores públicos, 10 de ellos titulares de entidades paraestatales.
Andrade Martínez precisó que de acuerdo con datos estadísticos 6 de cada 10 ciudadanos refiere haber vivido situaciones de corrupción; sin embargo solo 1 de cada 100 denuncias están referidas específicamente a este tema.
No soslayó el tema de las denuncias de conflicto de interés planteadas durante su administración al recordar el mandato constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción que ordena tipificar de manera precisa las conductas constitutivas de actos de corrupción, así como definir los alcances y límites del supuesto del conflicto de interés.
“Todo ello requiere a su vez, de una reflexión de carácter procesal particularmente en materia de pruebas para que los casos no queden ahogados en situaciones de vacío o de impunidad, la secretaria de la Función Pública a impulsado medidas para que los servidores públicos declaren por primera vez su posible conflicto de interés”, ejemplificó.
Indicó que durante el periodo objeto de análisis la administración pública federal celebró alrededor de 125 mil contratos por un monto de 6 mil millones de pesos anuales, con la participación de 166 mil 834 proveedores y contratistas, lo que refleja la importancia de estas contrataciones para la economía nacional.
Al respecto refirió las acciones de modernización continua del sistema compranet y el desarrollo de regímenes modernos de contratación pública como los contratos marco y las compras consolidadas; sin embargo reconoció que aún hay asignaturas pendientes.
“No obstante estas tareas, debemos realizar otras acciones para evitar desconfianza y simulaciones, por lo tanto es pertinente ampliar la participación de los testigos sociales, establecer criterios claros en asignaciones indirectas y generar un régimen más expandido de contrataciones abiertas”
A los legisladores planteó también transfirió algunas asignaturas pendientes al referir la “tarea fundamental de los legisladores completar la discusión sobre la ley de obras públicas y abrir la discusión sobre la ley de adquisiciones en particular en lo que se refiera a los puntajes en los concursos de las licitaciones”.
Por su parte, el diputado de Encuentro Social, Eric Flores S dijo Para el Partido Encuentro Social no existen dudas de que es una obligación de los servidores públicos y de todos los políticos rendir cuentas de la mejor manera, para evitar el uso discrecional del dinero de los mexicanos.
Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) en la comparecencia del Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, el legislador aseveró que la transparencia en la utilización de los recursos públicos es una bandera para dicho instituto político.
“La rendición de cuentas en el servicio público constituye un reto inaplazable de elevada importancia, ya que forma parte de la nueva manera de gobernar y, por ende, de dar a conocer cómo y a favor de quiénes se emplean los recursos públicos”, enfatizó.
En ese sentido, consideró que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no debe quedar sólo en un tema de procedimientos, sino convertirse en una realidad que defina la vida pública de México.
Flores Cervantes agregó que dicho sistema tiene que funcionar, ya que no puede crearse un “elefante blanco”. Además, apuntó, es una oportunidad para que los servidores públicos sean capaces de ofrecer y dar los mejores resultados.
Señaló que la participación ciudadana es el ente fiscalizador más importante de dicho proceso, donde la cultura de la denuncia constituye un mecanismo para hacer efectiva la queja por el ejercicio indebido de la función pública, entre otros aspectos.
Por su parte, el Coordinador del GPPES, Alejandro González Murillo, destacó que para la mayoría de la población la administración pública no se ha modernizado durante años, y que el Estado es obeso, lento y no presenta cambios sustanciales.
“La percepción del común de las personas es que se trata de un gobierno sobrevolado e inercial, sin denunciar a las prácticas burocráticas insustentables. Diariamente, los medios de comunicación dan a conocer la deficiente atención en materia de trámites y servicios que reciben los ciudadanos por parte de las instituciones federales, que se esperaría están para servirles de forma eficiente, cálida y expedita”, recalcó.